Elecciones 2017: ¿un asunto de ‘tecnicismos’?

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional le añadió ayer a la discusión post electoral de Coahuila un elemento más para la polémica: de acuerdo con Enrique Ochoa, las reglas con las cuales se realizó el proceso de fiscalización —según el cual Miguel Riquelme habría rebasado el tope de gastos de campaña— serían “ilegales” por no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Al tiempo que insistió en que su partido no incurrió en la falta que se le imputa, el dirigente nacional tricolor afirmó que los artículos específicos con los cuales se realizaron los cálculos que llevaron a la conclusión del rebase no fueron publicados en el Diario y por tal razón nunca habrían entrado en vigor y no podrían entonces utilizarse como norma en este proceso.

Se trata, claramente, de un tecnicismo legal que, al final, sólo un puñado de individuos comprende cabalmente y que al ciudadano de a pie solamente le causa mayores confusiones, porque hace surgir un cúmulo de preguntas que sólo se suman a las que ya teníamos y que siguen sin ser respondidas de forma satisfactoria.

Con independencia de que los “simples mortales” podamos comprender las especificidades jurídicas de esta nueva polémica, una cosa puede adelantarse desde ahora: si el argumento del PRI prospera, la credibilidad del INE sufriría una golpe terrible de cara a la elección presidencial de 2018.

Porque si al final de esta historia el Tribunal Electoral —ante quien ya se ha impugnado el dictamen de fiscalización del INE— termina diciendo que, efectivamente, debido a la falta de publicación de la regla ésta no puede aplicarse, tal hecho sólo puede conducir a una conclusión: el Instituto Nacional Electoral no vale lo que cuesta.

No deben adelantarse vísperas, desde luego, pero incluso la respuesta que el INE salió ayer mismo a ofrecer parece adelantar el desenlace, pues en lugar de exhibir las pruebas que demuestren el error en el señalamiento del PRI, el Instituto Nacional Electoral se limitó a indicar, a través de un comunicado, que la fiscalización se realizó “con apego a las atribuciones y responsabilidades que en materia de fiscalización le confieren la Ley y en atención a la normatividad vigente”.

¿No habría sido mejor que se exhibiera el ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el cual se publicaron las reglas que hoy se señalan como espurias, o que se ofrecieran argumentos sólidos para demostrar que tal publicación no era indispensable para que las normas entraran en vigor?

Nada peor, desde la perspectiva ciudadana, que el hecho de resolver las controversias jurídicas a partir de “tecnicismos legales”, pues eso le suena a la mayoría —que no es experta en derecho— a chapuza, a subterfugio para que alguien “se salga con la suya”.

Pero, según se ve, quien termine teniendo la razón en esta discusión habrá de lograrlo justamente a partir de tecnicismos, de argucias “legaloides” que pocos comprenderán y que la mayoría podría no considerar legítimas.

Si el argumento del PRI prospera, la credibilidad del INE sufriría una golpe terrible de cara a la elección presidencial de 2018