Actualización del TLCAN: ¿y los trabajadores?
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Los tratados comerciales necesitan una base social. El gobierno le apuesta a que bastará con las reformas en el papel
¿A poco porque los trabajadores están jodidos yo también debo de estarlo?, bramó Joaquín Gamboa Pascoe, quien fuera el máximo jerarca cetemista entre 2005 y 2016, cuando una reportera lo increpó por pasearse en autos de lujo.
La corrupción y los excesos de Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo o Víctor Flores Morales han llevado a que los mexicanos asocien a los sindicatos con abuso, extorsión, delincuencia organizada, o pistolerismo.
Se movilizan los sindicatos independientes: sectores de los maestros, trabajadores universitarios, telefonistas, jornaleros agrícolas, sí, pero la abrumadora mayoría de los trabajadores son rehenes del sindicalismo simulado y carecen de voz en la vida pública.
Con raras excepciones, la tasa de sindicalización ha bajado a nivel global, y además de carecer de una representación gremial vigorosa, los trabajadores están en la orfandad política, son un proletariado sin cabeza, José Revueltas dixit. Los dirigentes de los partidos de izquierda están más interesados en reproducirse a sí mismos que en defender los derechos de los trabajadores.
El corporativismo sindical y político cierra la pinza con la represión salarial. Se apuesta a la competitividad vía bajos salarios y no por la calificación de la fuerza de trabajo.
En 1992-1993, además del TLCAN, se firmaron acuerdos paralelos en materia laboral: prohibición del trabajo infantil, respeto a los salarios mínimos, y observancia de los derechos de seguridad y salud en el trabajo. México se comprometía a cumplir sus propias leyes, pero sin que este compromiso fuese vinculante.
En 2015-2016, como resultado de las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), se hizo una reforma al marco constitucional en materia de justicia laboral, contratación colectiva-huelga y voto secreto al interior de los sindicatos. El reconocido abogado laboralista Arturo Alcalde ha señalado que “la reforma fue producto de la presión internacional, pero también de una añeja lucha de los trabajadores y sectores de la sociedad que han reclamado que la democracia avance hacia el espacio laboral”.
Se dijo que de esa manera el TPP reconciliaba el libre comercio con objetivos sociales vinculantes. Con todo, el primer día de su administración Trump sustrajo a su país del proceso de ratificación del TPP, el cual está en suspenso.
En 2017, Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau hablan de una “actualización” del TLCAN. Desde Estados Unidos hay voces que acusan a México de dumping social por mantener los salarios artificialmente bajos para atraer la inversión estadounidense. Se profundiza la desigualdad: cae la masa salarial total como proporción del ingreso nacional, mientras el capital acrecienta su tajada del pastel.
Lo dijo el presidente de Carrier en Estados Unidos: “¿Qué es lo bueno de invertir en México? Que tenemos una fuerza de trabajo muy talentosa, con salarios significativamente inferiores a los estadounidenses, 80 por ciento más bajos. El ausentismo sólo llega al 1 por ciento, y la rotación no rebasa el 2 por ciento”.
En México el crecimiento de la productividad no siempre trae mejores salarios; la inversión en educación e innovación, así como la protección social son indispensables para el desarrollo del mercado interno.
Los tratados comerciales necesitan una base social. El Gobierno le apuesta a que bastará con las reformas en el papel. Se preocupa por defender al libre comercio, no por impulsar el progreso social.
Este 1º de mayo hay que decirlo fuerte: los bajísimos salarios en México son una miseria. Frenan el crecimiento del mercado interno e incuban la furia social. La calma laboral preludia una tempestad.
@Carlos_Tampico
