COP21, China y nuestra realidad
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Al grito de “sálvese quien pueda… y como pueda”, las personas, pero también las instituciones, sucumben al individualismo que es incapaz de encontrar respuestas comunes a problemas locales y, menos, a los grandes retos nacionales o globales.
El sociólogo y escritor Enrique del Acebo Ibáñez, advierte que en las grandes urbes el todo se impone a las partes, pero no abarcándolas; sino destruyéndolas sin diferenciarlas, por lo que sus habitantes reaccionan con un individualismo extremo, como un intento desesperado por salvaguardar su más íntima personalidad.
Traigo a cuenta esta reflexión, porque el mismo día que se inauguraba en París la Cumbre COP21, los habitantes de 23 ciudades de China respiraban 500 microgramos por metro cúbico de partículas cuyos efectos en la salud van desde enfermedades respiratorias, hasta la disminución del funcionamiento pulmonar.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esa concentración es veinte veces superior a los 25 microgramos considerados nocivos para el ser humano, situación que impidió la visibilidad a 100 metros de distancia y orilló a las autoridades del país asiático a declarar alerta roja para que sus poblaciones evitaran cualquier esfuerzo al aire libre; que gente con enfermedades respiratorias permanecieran en casa, y que las plantas industriales limitaran o detuvieran su producción.
Se estima que la contaminación cobra cada año 1.4 millones de vidas en el orbe. La pregunta es si de este lado del mundo hemos encontrado respuestas colectivas o si nos “refugiamos” en el individualismo.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, datos de la OCDE señalan que el número de autos pasó de 1.6 millones en 1986, a 5.3 millones en 2014: un crecimiento promedio de 4.4% por año, superior al 1.3% de la población en el mismo periodo.
Así, en la capital del país se genera el segundo peor congestionamiento vial del mundo y la emisión de gases que emiten los vehículos es la principal causa de contaminación.
El estudio “Hacia el colapso vial de la Zona Metropolitana del Valle de México” realizado por la asociación civil “El Poder del Consumidor”, establece que 83% de los viajes que se originan en el DF se quedan en la urbe, mientras que 17% se dirigen al Estado de México; y 24% de los provenientes de la entidad mexiquense llegan a la capital.
El sentido común y la responsabilidad de los gobiernos federal, del Estado de México y del DF, permitieron por años políticas como el “Hoy no circula” que, sin ser solución de fondo, mejoró la calidad del aire en la metrópoli.
Pero llegó el interés de un partido político que promovió una serie de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y logró que el criterio aplicable a la obtención del holograma “0” para circular diariamente, se basara en la emisión de contaminantes y no en el modelo de los automóviles.
¿El resultado? Cientos de miles de vehículos volvieron a circular en detrimento de la calidad del aire: en el segundo semestre de 2014 se tuvieron 72 días fuera de la norma y en lo que va del mismo periodo de este año, ya llevamos 103 días en esa condición que atenta contra la salud de todos, sin importar el transporte que utilicemos.
Ahora, la solución —temporal— para evitar precontingencias ambientales, será ajustar los límites de
contaminantes para otorgar hologramas.
En la COP21, México anunció su compromiso para alcanzar en 2030 una reducción de 22% en las emisiones de efecto invernadero y 51% menos las de carbono negro.
Lograr esa ambiciosa meta, reclama soluciones de fondo para garantizar el derecho a la ciudad de las personas que hoy no lo ejercen por falta de políticas integrales y de una coordinación efectiva entre autoridades que impacte en la conciencia de la sociedad.
Esta semana el Poder Legislativo aprobó la reforma al artículo 122 constitucional, que obligará a la Federación, las entidades federativas y los municipios conurbados en nuestra zona metropolitana a establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos.
Aunque falta el aval de la mayoría de los Congresos locales y luego la legislación secundaria, representa un avance del marco legal que requerimos para trascender como la generación que consolidó un desarrollo sostenible para el futuro.
