El nuevo poder de los jueces penales

En México se transformó el sistema de justicia penal, la nueva ley es una realidad y por primera vez en nuestra historia vamos a tener un solo procedimiento penal. Anteriormente, existía una legislación diferente en cada una de las entidades federativas, pero desde el pasado 18 de junio, el Código Nacional de Procedimientos Penales es de observancia obligatoria para todas las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. 

Uno de los cambios más importantes de la forma de juzgar es que el juez ya no está limitado a castigar el delito con la cárcel, que generalmente es la sanción más esperada por la víctima y la sociedad. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales otorga un nuevo poder a todos los jueces penales de este país que consiste en la posibilidad de aplicar como sanción medidas alternativas a la prisión, por ejemplo la prestación de servicio social a favor del Estado o de Instituciones de beneficencia pública. Lo más importante es que este trabajo será gratuito y voluntario. Imaginemos el caso de una persona que cometió el delito de defraudación fiscal, además de la reparación del daño, ¿qué prefiere la sociedad mexicana, tenerlo en la cárcel, o afuera, brindando asesoría gratuita a todo aquél que requiera presentar su declaración de impuestos? 

Estas medidas, conocidas como sustitutivos penales, aplicables a través de la figura de la suspensión condicional del proceso, remplazan el castigo corporal y facilitan la reinserción del delincuente en la sociedad. Todos los actores del juicio resultan beneficiados con su implementación. Para la víctima u ofendido representan la reparación del daño a su entera satisfacción; para el acusado, la terminación anticipada del proceso y el beneficio de no ser recluido en prisión; para los tribunales, el desahogo de la carga de trabajo y un uso más eficiente de sus recursos humanos y materiales, y para el Estado, la reducción de costos en el sistema penitenciario. En caso de que el acusado no cumpla con las condiciones que le impone el juez, se reinicia el proceso penal ordinario hasta culminar con una sentencia y el dictado de la sanción penal correspondiente, que puede ser la prisión. 

Con esta perspectiva sociológica del delito, la pena deja de ser un simple castigo, se vuelve un medio para ayudar al delincuente a cambiar las circunstancias que lo llevaron a delinquir y facilitar su reincorporación a la sociedad. Ahora, los jueces no sólo tienen el poder de castigar el delito, sino de imponer medidas que prevengan su comisión futura y despresuricen el sistema de impartición de justicia. 

Como señaló en este mismo espacio el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, los efectos del proceso penal acusatorio comienzan a ser visibles. La duración de los procesos se ha reducido hasta en una quinta parte y su costo es hasta 10 veces menor. En verdad estamos sentando las bases de una justicia pronta, eficiente y expedita. Para lograr que la justicia penal sea el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho, es necesario que cada actor haga uso de los nuevos poderes que el sistema les ha otorgado. Estoy seguro que los jueces serán la punta de lanza en esta misión. 

Consejero de la Judicatura Federal