Raúl Vera: ¿era tan difícil declarar?

“Yo ya fui a declarar. La autoridad tiene lo que yo declaré y ahora está en su derecho de llevar las cosas como las quiera llevar. Es una averiguación previa… Los dos sacerdotes ya fueron cesados. Este es un proceso civil que a mí no me toca llevar”.

Las palabras anteriores corresponden a las declaraciones realizadas por el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, tras haber comparecido ante el Ministerio Público para prestar declaración en relación con los presuntos casos de pederastia que él mismo denunció en 2014 y que habrían sido responsabilidad de sacerdotes bajo su supervisión.

Como se recordará, el pasado 27 de julio la Procuraduría General de Justicia de Coahuila citó al prelado para que rindiera declaración en el caso, pero éste se negó a acudir al llamado de la autoridad aduciendo que las festividades religiosas a su cargo le imposibilitaban para atender la convocatoria y que, en todo caso, acudiría al llamado de la autoridad con posterioridad al 7 de agosto, una vez concluidas las festividades del Santo Cristo de la Capilla.

Pese a lo informado por el Obispo inicialmente —a través de un comunicado de la Diócesis de Saltillo—, Vera López habría acudido ayer —no se sabe si motu proprio, o a propósito de un citatorio expreso— a prestar la declaración que originalmente le fue solicitada.

La brevedad de sus declaraciones contrastan con lo prolongado de su comparecencia ante el Ministerio Público que, de acuerdo con los reportes periodísticos, tuvo una duración de tres horas, sin que se conozcan mayores detalles al respecto.

Con independencia de lo anterior, la pregunta que surge de forma obligada en torno a esta historia es, ¿por qué pareció inicialmente que la comparecencia solicitada por el Ministerio Público constituía un conflicto entre la Iglesia Católica y las autoridades civiles?

Al respecto conviene recordar que el comunicado emitido por la Diócesis de Saltillo —el día 27 de julio— planteaba que, al menos de acuerdo con la perspectiva de la misma, implicaba que el citatorio enviado a Raúl Vera constituía una suerte de “persecución política” en su contra, misma que habría sido motivada por las denuncias que el prelado ha realizado en relación con diversos aspectos de la vida pública de Coahuila.

Pese a ello, hoy parece que la declaración solicitada al prelado no constituyó mayor problema, pues incluso ésta se registró antes de las fechas originalmente previstas por la propia Diócesis que, en su comunicado, señaló que Raúl Vera no podría comparecer sino hasta después de concluir las festividades del Santo Cristo de la Capilla.

Valdría la pena que la Diócesis de Saltillo —y la Procuraduría de Justicia del Estado— clarificaran el aparente diferendo surgido a partir del citatorio inicial que la dependencia formuló al obispo Raúl Vera y que, al menos en principio, dio la impresión de que el prelado se quejaba de una suerte de “persecución pública” derivada de sus posiciones políticas.