Reformar la reforma
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Bastó un respingo de los dueños del País para que de inmediato el Ejecutivo federal vetara los mecanismos de control incorporados en las normas del Sistema Nacional Anticorrupción, para fiscalizar y sancionar las prácticas ilícitas, a través de las cuales particulares obtienen contratos de obras, adquisiciones y concesiones de bienes públicos.
Si con la misma diligencia se hubieran atendido los errores de la llamada Reforma educativa, el País no estaría enfrentando la tremenda sacudida que ha puesto en evidencia el objetivo de dicha reforma: recuperar el control corporativo del magisterio.
El Ejecutivo federal fundamentó su iniciativa de reforma al artículo 3° constitucional en la necesidad de “recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, prisionero de los poderes fácticos”. Las preguntas que formulamos entonces fueron: cuándo perdió el Estado el control; cuáles son los poderes fácticos que se lo arrebataron; quién engendró los cacicazgos corruptos de Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo, y quién hizo del SNTE una pieza fundamental en la estructura del fraude electoral en favor del PRI. Su respuesta fue: responsabilizar a los maestros.
La Reforma educativa se orientó a crear un régimen laboral de excepción, que conculca los derechos alcanzados por los maestros, haciendo de la evaluación docente un instrumento punitivo contra el magisterio, mientras en el SNTE se mantiene la corrupta estructura de un “elbismo” sin Esther.
El dogmatismo oficial, alentado por la OCDE y organizaciones conservadoras, como Mexicanos Primero, persiste en promover un modelo educativo que se centra en el individuo y no en el ser colectivo, alentando la competencia y la diferenciación entre los alumnos, la formación de maestros autoritarios, obligados a impartir un programa único, con contenidos fragmentados, que inhiben la iniciativa y la formación crítica de los educandos, a quienes se les presenta la historia, la ciencia y el conocimiento como algo concluido.
Por ello, lo que subyace en el fondo del conflicto es la confrontación entre dos modelos educativos que entraron en tensión desde los años 60, así como una disputa contra el desmedido poder centralizado.
El Gobierno federal no ha aprendido del fracaso de los intentos de evaluación anteriores. Tampoco ha dado a conocer, como ofreció, el censo de escuelas, el número de plazas, maestros, alumnos y comisionados sindicales.
Las evaluaciones implementadas en 2015 y 2016 representan una gran simulación. De 1.2 millones de docentes y directivos, únicamente han sido evaluados 300 mil. Además, de los siete indicadores que se establecieron para la evaluación, sólo se han aplicado tres (examen de opción múltiple; cuatro muestras de trabajo de alumnos y el plan de clase), algunos de ellos a distancia, quedando en manos de los gobernadores desde la convocatoria hasta la asignación de plazas.
De acuerdo con la UNESCO, una verdadera evaluación debe atender de manera integral, primero al sistema educativo en su conjunto, para posteriormente evaluar los métodos y contenidos de la enseñanza; el resultado en los educandos; y, finalmente, al personal docente, para lo que se requieren indicadores del servicio profesional, mismos que no existen.
Al no lograr imponer la reforma, el gobierno ha optado por la estigmatización mediática y la infame represión contra los maestros, lo que ha determinado el fortalecimiento del movimiento magisterial y la suma de otras causas sociales.
La evaluación docente es sólo una parte del sistema educativo. Es una herramienta que no puede orientarse a afectar la condición laboral de los maestros. Por ello, no se deben cancelar las vías del diálogo y el entendimiento. Se requiere construir una solución al conflicto, la cual pasa, necesariamente, por una revisión profunda a la Ley del Servicio Profesional Docente, que elimine el carácter punitivo de la evaluación y respete los derechos laborales del magisterio. Es necesario, reformar la reforma.
