Dos años del cese de la violencia de ETA

Madrid, España.- Hace dos años ETA anunció el cese definitivo de la violencia, un paso decisivo y necesario para iniciar un proceso de paz real en el País Vasco tras más de medio siglo de atentados, secuestros y extorsión.

El 21 de octubre de 2011, el entonces presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tildó el anuncio de "triunfo definitivo y sin condiciones".

Sin embargo, 24 meses después, el proceso está estancado. La banda no ha entregado las armas ni se ha disuelto, condiciones sine qua non del Parlamento español para avanzar en la paz del País Vasco y materializar acuerdos sobre los presos y huidos de la banda.

ETA emitió su último comunicado hace menos de un mes, coincidiendo con la celebración del "Gudari Eguna" (día del soldado), en el que la izquierda independentista vasca recuerda la ejecución, en 1975, de dos miembros del grupo armado ordenado en los últimos días del dictador Francisco Franco.

En él afirmaba que no renegará de su "trayectoria de lucha" ni asumirá "el relato de los opresores". La banda hablaba, eso sí, de una "reconciliación nacional" para curar las heridas, pero sin despejar las dudas sobre su futuro inmediato.

Cincuenta y dos años después de su primera acción violenta, en la que intentó hacer descarillar un tren que transportaba a simpatizantes franquistas, las palabras de ETA suenan a otra época, a otro momento histórico y político.

La banda sigue considerando al Estado español como un "opresor" que se opone a "la supervivencia de Euskal Herria (País Vasco)" y a "mantener abierta la puerta de la libertad".

Al mismo tiempo, la llamada izquierda abertzale afirma que ETA ya no es "una variable violenta" en el conflicto y acusa al gobierno español de utilizar la violencia "con fines políticos" a través de "recortes de libertades, juicios políticos, agresiones a la libre expresión y al independentismo".

En noviembre 2012, la banda condicionaba su desarme a un acuerdo con los gobiernos de España y Francia sobre sus presos y miembros huidos, con "fórmulas y plazos" para el desarme y a cambio de una "desmilitarización" del País Vasco, en referencia a la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles.

Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder dos meses después del anuncio de ETA, se niega rotundamente a negociar.

Las víctimas de la banda, más de 800, tampoco quieren concesiones a los terroristas y se niegan a hablar de "presos políticos". Piden "justicia sin impunidad" e instan al gobierno a investigar los más de 300 asesinatos de ETA que, según afirman, siguen sin resolver.

En dos años, apenas ha habido avances en la política penitenciaria. El llamado "caso Herrira", con la polémica detención hace unos días de 18 miembros de la asociación que ayuda a los presos de ETA, sacó a las calles del País Vasco a miles de personas y llegó a ser considerada por el gobierno regional como "un paso atrás".

En total, 67 presuntos miembros de ETA han sido detenidos desde el 20 de octubre de 2011.

Los tribunales también siguen dictando condenas. La última, hace apenas unos días, con pena máxima para tres miembros de ETA (485 años para cada uno) por el asesinato de un brigada del ejército español en 2008.

España está también muy pendiente del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, previsto el lunes, sobre la llamada "doctrina Parot", jurisprudencia que impide desde 2006 el recorte de las condenas de terroristas gracias a la aplicación de beneficios penitenciarios sobre su pena total.

Una posible anulación de la misma supondría la excarcelación de la cuarta parte de los presos de la banda terrorista, según las previsiones del gobierno, que la considera "un instrumento fundamental para la lucha antiterrorista".

Desde aquel 21 de octubre de 2011, la sombra de una ETA violenta ha asomado a España en algunas ocasiones.

Varios informes apuntaron en un momento dado a una posible vuelta a los atentados terroristas. Así lo advirtió en mayo la Audiencia Nacional de España, en virtud de informes manejados por el Ministerio del Interior, que más adelante se negaron. La causa, apuntaban todas las fuentes: una posible escisión en el seno del grupo armado.

Pero en estos dos años han pasado muchas cosas en el País Vasco. Una de la más significativas: la llegada de la izquierda independentista a las instituciones, a través de la coalición Bildu, formada a la sombra de Sortu, que muchos consideraron heredera política de la ilegalizada Batasuna.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), de inspiración cristiana, recuperó el gobierno regional en las elecciones celebradas hace un año, en un nuevo escenario sin ETA y desbancando a una puntual coalición de Partido Socialista y Partido Popular que gobernó durante tres años en la región.

La llamada izquierda abertzale, representada por Bildu, fue la sorpresa de los comicios, convirtiéndose en la segunda formación más votada y dibujando un panorama nacionalista-independentista en un momento en el que la tensión soberanista en Cataluña relanzaba el debate de España como nación.

Ahora, con la postura firme del gobierno de Rajoy contraria a la negociación y la negativa de ETA a renegar de su pasado violento, la situación de bloqueo dibuja un escenario poco optimista, a pesar de intentos de acercamiento como la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco, que quedó aparcada, o el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, en el que se intentó propiciar nuevos pasos por ambas partes.

Por Ana Lázaro Verde/DPA-Análisis