Presidencia va por revocación de permisos, tras resolución de SCJN sobre Ley Eléctrica
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Según un documento de la Presidencia de la República, “se revisará la legalidad y rentabilidad financiera” de los contratos de producción independiente
Tras la resolución expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, el Gobierno federal advirtió que revisará la legalidad y rentabilidad de contratos de producción independiente de energía y revocará aquellos permisos que sean irregulares.
Advirtió la Presidencia de la República que “se termina el negocio heredado que benefició a la inversión extranjera”, esto en un documento sin firma difundido en el grupo oficial de WhatsApp de la presidencia, también señaló que estas centrales de producción independiente se les pagará el 100% de la energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque no se entregue.
A partir del fallo de la Suprema Corte, se detiene el otorgamiento de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin sustento técnico; pues se detalló que en el país hay 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes, entre quienes se compran y venden energía eléctrica.
“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77mil socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad.
Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente.
A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue. Como se podrá observar se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”, explica el comunicado compartido supuestamente por Gobierno federal.
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El documento precisa que, al declarar constitucionalidad sobre los artículos, se tiene consecuencias favorables para el Estado como la integración de centrales eléctricas que fueron dadas de baja, las construidas recientemente o que se construyan en el futuro.
Remarcó que la CFE podría celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, es decir, hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación. Las 60 hidroeléctricas tendrán despacho prioritario de 12 mil 125 megavatios que aportan el 10% de la energía en el sistema eléctrico, así como la modernización y construcción de 16 proyectos hidroeléctricos, que acaparan el 18% del sistema nacional.
CFE Suministros Básicos también podrá celebrar contratos con centrales eléctricas de las empresas estatales que tienen el compromiso de entrega física. Siendo que el acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando resulte factible.
“A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico. Al día de hoy los productores privados mantenían el monopolio del despacho preferente, con esta resolución el Cenace dará prioridad a lo que beneficia a la CFE”, expresa el documento difundido.
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SCJN FRENA INCONSTITUCIONALIDAD EN REFORMA
El material asegura que los ministros de Máximo Tribunal declararon “totalmente improcedente” la pretensión de inconstitucionalidad de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de Senadores.
“También rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la Reforma es violatoria del T-MEC y otros tratados de libre comercio. Lo anterior, quiere decir que la Reforma del 9 de marzo del año pasado sigue vigente en sus términos y debe ser aplicada por las autoridades competentes”, puntualiza.
Afirma que los pronunciamientos establecidos por la SCJN a favor de la constitucionalidad de reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados con amparos promovidos por empresas privadas. De ser así, solo el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo, dictará un acuerdo en ese sentido.
