LA JORNADA
Saltillo, Coahuila.- Los asesores jurídicos de los deudos de Pasta de Conchos, Manuel Fuentes Muñiz y Cristina Auerbach Benavides, del equipo de Pastoral Laboral que dirige el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, presentaron ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, por "insultos públicos" del funcionario.
La acusación se basa en declaraciones que hizo Lozano a La Jornada (difundidas este domingo), en las cuales acusa a Fuentes y Auerbach de ser "gente que está lucrando económica y políticamente con la tragedia" de los familiares de los 65 mineros fallecidos en febrero de 2006. Además, los califica de "gente tan ruin y vil", entre otros señalamientos.

En la denuncia acusan a Lozano de incurrir en "abuso de autoridad" por proferir "insultos y vejaciones" contra los representantes de los deudos, hechos por los que incurriría en irregularidades previstas en el artículo 215, fracción II, del Código Penal Federal.

Además de pedir que se lleve a cabo la indagatoria correspondiente para deslindar responsabilidades, los abogados exigen que se sancione al titular de la STPS conforme a dicho código, es decir, con pena de uno a ocho años de prisión, 50 a 300 días de salarios míninos de multa y la inhabilitación del cargo público por un periodo de uno a ocho años.

Elvira Martínez y María de Lourdes Zapata, representantes de los deudos de Pasta de Conchos -yacimiento concesionado al grupo empresarial Industrial Minera México- dijeron que Lozano "ha eludido cumplir" el compromiso para concluir el dictamen técnico que permita el rescate de los cuerpos.

Con esa evaluación se busca conocer "las verdaderas causas que provocaron su muerte", indispensable no sólo para reclamar a la empresa la indemnización de ley, sino para aplicar sanciones a los responsables y evitar situaciones similares.

Denuncian apatía del secretario

Martínez destacó que tampoco ha habido una acción contundente del titular de la STPS para garantizar a los familiares de los mineros fallecidos las pensiones que por ley debe otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fuentes y Auerbach agregaron que, además de eludir ese compromiso, Lozano Alarcón "pretende que el peritaje se haga a modo para favorecer a Industrial Minera México".

Por su parte, Eduardo Miranda, dirigente de la Unión de Juristas de México, y Medardo Bañuelos, de la Consultoría y Desarrollo de Estudios Interdisciplinarios, señalaron que Fuentes y Auerbach han sido víctimas desde hace más de un mes de "actos de hostigamiento, intimidación y de violencia moral".

De hecho, el despacho de Fuentes fue allanado y los documentos relacionados con los mineros fueron "revisados y extraídos", mientras Auerbach ha sufrido diversas agresiones. Además, no permiten a los representantes de los deudos asistir con sus abogados a las reuniones con Lozano Alarcón.

"Con esta actitud el funcionario coarta el derecho de los deudos de asistir a las reuniones de la STPS con las personas de su confianza, además de que niega un "servicio público que debe brindarse con eficacia y rectitud; hace uso político de la dependencia y contraria el objeto de la STPS de defender los derechos de los trabajadores y vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo", señalaron Miranda y Fuentes Muñiz.

Por ello, informaron que integran un expediente junto con otras organizaciones para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presentar las denuncias respectivas. En estas acciones cuentan con el apoyo de la Unión Nacional de los Trabajadores.