Advierten inconsistencias en nueva Ley de Servidores Públicos del DF

En el acto, los participantes explicaron que en la iniciativa no existen las contralorías generales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ni del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

María del Carmen Barbosa Ramos, contralora general de la ALDF, consideró que esa indefinición podría llevar a problemas posteriores, "porque alguna resolución nuestra podría ser impugnada de aprobarse así la ley, porque no somos autoridades competentes para aplicarla".

Detalló que el Artículo 43 de la iniciativa señala que la Contraloría General del Distrito Federal sancionará a los servidores públicos de los órganos de control interno de las dependencias que figuren en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal cuando incurran en actos que impliquen responsabilidades administrativas.

Sin embargo, advirtió que ello viola la división de poderes, pues no todas las contralorías dependen de la General del Gobierno del Distrito Federal.

A su parecer, la iniciativa debe establecer que con la ejecución de sanciones económicas se reintegren los recursos a la institución perjudicada a efecto de restituir el patrimonio, para lo cual debe reformarse también el Artículo 22 del Código Financiero, respecto a los recursos autogenerados.

Resaltó que para establecer las faltas graves y las que no lo son, debe valorarse si existen daños o perjuicios, y prevalecer el beneficio de ley por confesión, ya que la iniciativa no prevé esa figura, a efecto de valorar la imposición de la sanción.

A su vez, la contralora interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Rosa María Cruz, opinó que la Contraloría General capitalina debe concentrar el registro de los servidores públicos sancionados en la ciudad de México.

Además, sugirió convenios con la Secretaría de la Función Pública y el resto de las entidades federativas para un intercambio de información.

De igual modo, sugirió normar la procedencia de ordenar visitas, auditorías, y solicitudes de información a servidores públicos o a otras autoridades fiscales o bancarias cuando haya inconsistencias en declaraciones o registros patrimoniales.

Por ello, consideró que se deben reglamentar las figuras de obsequios o donativos en lo general y expedir lineamientos que señalen el procedimiento para definir el destino final de dichas contribuciones, sin que ello implique fincar responsabilidades contra el funcionario.

El director de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General capitalina, Alfredo Domínguez, sostuvo que la nueva ley debe ampliar los plazos de prescripción del ejercicio indebido del servicio público, así como las facultades de sanción de los órganos de control.