El Universal
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jaime Yezaki, afirmó que la situación del abasto de alimentos en México aún no llega a un estado de emergencia, pero el alza de precios continúa.
Ciudad de México.- La situación del abasto de alimentos en México aún no llega a un estado de emergencia, pero el alza de precios continúa, advirtió el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jaime Yezaki.

En tal sentido, Salvador Rivera Castrellón, presidente de la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de México, anticipó una escalada de precios mayor en productos básicos por el excesivo gasto en rentas de buques extranjeros, lo cual "hará que se eleven hasta en más de 100% los costos de alimentos que vienen de otros países por mar".

Yezaki insistió en que el sector pecuario se ha descapitalizado, y muestra de ello es que el kilogramo de pollo procesado se vende al mayoreo a 18 pesos, en tanto que el kilo de carne de res se ha elevado 1%, mientras que los insumos se incrementan de manera exorbitante.

Por separado, el dirigente de la referida Alianza, perteneciente a la Confederación Nacional Campesina, alertó que, ante la inminente amenaza de escasez de alimentos y fertilizantes en el país, se corre el riesgo de que sus importaciones por los océanos se vean afectadas por la falta de buques y tripulación mexicanas y, por los altos costos de empresas navieras extranjeras para traerlos.

Destacó que insistir en importar derivará en la especulación, y calificó como otro error de los gobiernos panistas seguir subsidiando a países extranjeros que venden alimentos por más de 60 mil millones de dólares al año.

"No compartimos el optimismo del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, de que el abasto de alimentos esta garantizado para este año, y sí en cambio respaldamos la información de la CNC, de que en los últimos tres meses la canasta básica subió en más de un 100% y de que la crisis alimentaria está encima de la población mexicana, principalmente de las zonas marginadas".

Sostuvo que el gobierno debe comprar directamente a los productores, sin intermediarios, y que la organización que encabeza debe intervenir en este proceso para conseguir mejores precios para los consumidores, principalmente para los más de 22 millones de habitantes en pobreza extrema.