La Jornada-Agencias
Ante la crisis habrá aumento "temporal" de impuestos y recorte de empresas públicas. No se preveía el desfase presupuestario vigente, reconoció la vicepresidenta Soraya Sáenz
Madrid. El gobierno de España reconoció que la crisis supera su programa electoral y anunció un aumento "temporal" de impuestos, reducción de las empresas del sector público y la intensificación en 2012 de la lucha contra el fraude fiscal, al tiempo que limitará el pago en efectivo en determinadas transacciones en línea con medidas contra el dinero negro implantadas en otros países.

La vicepresidenta primera del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció que la realidad de la crisis económica del país "es otra" y supera el programa electoral del presidente Mariano Rajoy, quien tendrá que tomar "medidas difíciles e impopulares. El Ministerio de Hacienda está estudiando la implantación de (...) limitar el uso del pago en efectivo en determinadas transacciones económicas", expuso al término del consejo de ministros, la también portavoz del gobierno de Mariano Rajoy.

Soraya Sáenz aclaró que el presidente del gobierno español no se dirigirá a los ciudadanos y al Congreso hasta febrero, con lo que dejó claro el estilo del nuevo mandatario ante la opinión pública, los medios de comunicación y los congresistas. La bolsa de Madrid cerró con una caída de 2.94 por ciento, arrastrada por los valores bancarios, en un clima de preocupación de los mercados sobre el sector en España y el resto de Europa.

La vicepresidenta -criticada y caricaturizada en algunos medios, como en Fórmula TV, considerado el portal temático televisivo de Internet más visitado de España, mediante un video con personajes de los Simpson-, agregó que su gobierno adoptaría medidas similares a las de Italia y Francia en la lucha contra el dinero negro.

"Esta es una situación extraordinaria y no prevista. No se preveía el desfase presupuestario que está por encima de la mesa", aseguró Soraya Sáenz. Añadió que, por lo tanto, "se procede a mantener la congelación prevista en los presupuestos para el año 2011... el gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos". Aclaró que esa "subida temporal" por 6 mil 300 millones de euros, se cifra en los principios de "justicia y equidad. Pedimos un esfuerzo a aquellos ciudadanos que más ganan o que más tienen, con carácter progresivo y temporal de dos años", insistió.

Economistas temen que al aumento de los impuestos, en medio del fuerte desempleo que padece el país y una virtual congelación del crédito, se sume el malestar de los consumidores, lo que entorpecería la reactivación de la demanda y el crecimiento.

El gobierno conservador español anunció que con el plan de lucha contra el fraude fiscal espera recuperar 8 mil 171 millones de euros en 2012, en el contexto de su compromiso de reducir el déficit público del país. "Se espera elevar esa recaudación en 2012", declaró Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros, al anunciar un plan que se inscribe en la segunda serie de reformas destinadas a sanear las cuentas públicas. "El objetivofundamental es el control del déficit público", agregó.

La Seguridad Social española registró en 2011 un déficit de 0.06 por ciento del PIB, pese a que las previsiones oficiales estimaban un superávit de 0.4 por ciento, señaló el gobierno español. Esto representa un déficit de "668 millones de euros", subrayó Sáenz. Esto incidirá en el déficit público del país, que superará ampliamente el previsto 6 por ciento del PIB.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, advirtió el martes que esta institución pasó a números rojos en 2011, después de registrar superávit desde los años 1990, aunque no ofreció datos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el lunes que el déficit público español podría superar 8 por ciento del PIB en 2011, dos puntos por encima del objetivo de 6 por ciento. El país se ha comprometido a reducirlo a 4.4 por ciento en 2012.

En la tercera reunión de gabinete desde que el Partido Popular triunfó por mayoría absoluta en las pasadas elecciones de noviembre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó los planes para reducir las más de 400 empresas públicas existentes, que concentran una deuda de 32 mil millones de euros.



Bancos, entre los obstáculos

Para el titular de Economía, las dos principales amenazas para cumplir los objetivos son el sector bancario, debilitado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 y que puede necesitar dinero público, y las 17 autonomías, víctimas del mismo fenómeno y altamente endeudadas.

En el caso de los bancos, "teniendo en cuenta las valoraciones que se han dado en casos como el de Irlanda, como máximo se necesitaría realizar 50 mil millones de euros de provisiones adicionales", declaró el ministro al diario Financial Times. Sólo los cinco mayores bancos requieren 26 mil 160 millones de euros para mejorar su solvencia, sin tener en cuenta los activos inmobiliarios nocivos del sector.

En tanto, la deuda de las autonomías asciende a 135 mil 151 millones de euros, 12 por ciento del PIB nacional, un récord histórico según cifras del Banco de España. Como señal de que la situación es dramática, el Estado tuvo que intervenir para ayudar a Valencia que no podía hacer frente al pago de 125 millones de euros al Deutsche Bank.

Aunque las cifras finales del déficit del pasado año no se conocerán hasta febrero, el ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió esta semana que el saldo negativo podría estar por encima de 8 por ciento, lo que supondría unos 20 mil millones de euros en ahorros adicionales.