Leticia Robles/Excélsior
Ayer, los senadores arrancaron la dictaminación de la Ley de Extinción de Dominio, luego de cinco meses de negociación, pero no la aprobaron, porque priistas y perredistas plantearon decenas de observaciones que llevaron a la revisión de sólo seis de 67 artículos y que incluso tocaron la esencia de la ley, al plantear que la expropiación de bienes se mantenga vinculada al proceso penal que se sigue al hecho delictivo, lo cual fue considerado por el panista Alejandro González Alcocer como un retroceso en la negociación ya pactada.
México, D.F. .- Desde el Senado, PAN, PRI y PRD acordaron otorgar a la Procuraduría General de la República (PGR) un poder "excepcional, pero no desmedido", para enfrentar al crimen organizado, a partir de autorizarle una legislación de excepción que le permita acabar con la riqueza de narcotraficantes, secuestradores, traficantes de autos y tratantes de personas.

Ayer, los senadores arrancaron la dictaminación de la Ley de Extinción de Dominio, luego de cinco meses de negociación, pero no la aprobaron, porque priistas y perredistas plantearon decenas de observaciones que llevaron a la revisión de sólo seis de 67 artículos y que incluso tocaron la esencia de la ley, al plantear que la expropiación de bienes se mantenga vinculada al proceso penal que se sigue al hecho delictivo, lo cual fue considerado por el panista Alejandro González Alcocer como un retroceso en la negociación ya pactada.

Los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado protagonizaron ayer un debate intenso, acalorado, por momentos a punto de frenar el entendimiento parlamentario, como cuando el perredista Tomás Torres y el panista Alejandro González Alcocer se enfrascaron en una discusión de técnica legislativa.

O cuando el propio Tomás Torres tuvo una discusión tensa con su compañero de bancada, Pablo Gómez, quien criticó el origen académico de Torres y su escuela de Derecho, mientras que aquel defendió a su alma mater, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y reviró que Gómez no estudió Derecho.

Pero en el arranque de la sesión que debió esperar meses, los legisladores hicieron patente su acuerdo de crear la primera Ley de Extinción de Dominio en México, para permitir que el Estado ataque la riqueza de la delincuencia organizada, no sólo en territorio nacional, sino incluso en otras naciones.

Jesús Murillo, integrante de la Comisión de Justicia, presidente de la Comisión de Gobernación y secretario general del PRI, planteó que su partido está dispuesto a respaldar la entrega de mayores poderes a la PGR para que, en una situación excepcional, como lo es hoy, el crimen organizado cuente con armas también excepcionales para combatir a los delincuentes, pero sin llegar a un poder desmedido, pues ello puede abrir la puerta para lesionar a los ciudadanos.

"Debemos dejar clarísimamente las responsabilidades", explicó Murillo al respaldar el planteamiento panista.