#5E en Venezuela
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El 6 de diciembre de 2015 Venezuela tuvo elecciones para la integración de su órgano legislativo: la Asamblea Nacional. Se eligieron 167 diputados, de los cuales 112 pertenecen a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que está en oposición al régimen de Nicolás Maduro. El oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) obtuvo únicamente 55 diputados.
El número 112 significó un gran triunfo para la MUD. Con 84 diputados electos, alcanzan la mayoría simple; con 100 la mayoría calificada de dos quintas partes; y con 112 tienen la mayoría de las dos terceras partes, con las que pueden hacer reformas constitucionales, aunque éstas necesitan la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia. Con 112 diputados también pueden iniciar un procedimiento que termine en la destitución del primer mandatario e incluso aprobar a los nuevos integrantes del Tribunal.
Al principio, la reacción de Maduro fue calificada como “positiva” por la comunidad internacional, pues aceptó los resultados electorales. Incluso el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, retiró su propuesta de expulsar a Venezuela del Mercosur por violar la cláusula democrática de ese acuerdo. Pero muy poco duró la actitud democrática del chavismo. A partir del 6 de diciembre, Maduro y su gobierno no han hecho más que violar una y otra vez la voluntad del pueblo venezolano al que dicen representar.
El 8 de diciembre la Asamblea Nacional electa en 2011, decidió renovar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, antes de que entren los nuevos diputados el 5 de enero. En un auténtico fraude a la ley citaron a sesión extraordinaria el 23 de diciembre y eligieron a los magistrados propietarios y suplentes para integrar el Tribunal Supremo de Justicia que debía renovarse hasta 2016.
Ante esa nueva Corte, Maduro mandó impugnar los resultados de las elecciones legislativas. La Corte decidió “suspender” —indebidamente— la proclamación de cuatro diputados, tres de la MUD y uno del oficialismo. Hay gran incertidumbre y corren rumores de que habrá más suspensiones. Con ello, el tribunal quitaría a la oposición la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea y además pone en riesgo su instalación puntual, que debe hacerse mañana martes 5 de enero. El tribunal anterior dictó el 15 de diciembre una sentencia de interpretación constituyente, en la que dice que si la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre no puede instalarse, quedará vigente la constituida el 5 de enero de 2011.
Además de esas maniobras para evitar —o al menos aplazar al máximo— la instalación de la Asamblea, Maduro ha utilizado poderes extraordinarios que le dieron los diputados salientes para emitir leyes por decreto, y anunció las movilizaciones del “poder popular” en contra de una “Asamblea burguesa”, que, según se anuncia por televisión pública: “ha manifestado su intención de derogar las leyes fundamentales para la protección del pueblo, privatizar empresas nacionalizadas y atentar contra organismos del Estado”. Por si fuera poco, la instalación de la nueva Asamblea Nacional estaría bajo la dirección de Héctor Agüero, decano de los diputados y miembro del régimen de Maduro.
Ante estos atropellos, la oposición ha buscado el apoyo internacional. Durante diciembre se publicaron artículos al respecto. Particularmente señalo los que inspiraron esta columna, los de José Ignacio Hernández, un abogado venezolano que está denunciando las constantes violaciones al derecho, a los derechos humanos y a las propias normas constitucionales de Venezuela. Su cuenta de Twitter es @ignandez. Recomiendo seguirla para estar al tanto de lo que ocurre allá.
La batalla por la democracia sigue en Venezuela y mañana cinco de enero, el “5E” es una fecha clave. La comunidad internacional, y en especial México, no deberían dejar a su suerte a quienes hoy luchan por sacar a Venezuela de la oscuridad, la opresión, la arbitrariedad y la barbarie.
