De acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Educación de Coahuila, más de 11 mil menores de edad habrían abandonado las escuelas primarias y secundarias de la entidad durante el ciclo escolar 2017-2018. La cifra es, por decir lo menos, escandalosa.

A reserva de que las autoridades educativas proporcionen explicaciones detalladas sobre el fenómeno, lo que las cifras parecen demostrar es que nuestra entidad no cuenta con ninguna herramienta para prevenir y atender la deserción escolar. O si tiene alguna, su efectividad es de pobre a nula.

¿Cómo explicar razonablemente que 6 mil 257 niños y niñas abandonen sus estudios cuando aún cursan la primaria? ¿Cómo explicar que otros 4 mil 897 lo hagan durante la secundaria?

La explicación, desde luego, no puede basarse en el análisis estadístico del fenómeno argumentando que se trata de un “porcentaje pequeño” de la población estudiantil total, o que el número “es normal” de acuerdo con las estadísticas nacionales.

Cada niño o niña que abandona sus estudios es un caso en el cual el Estado está incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el derecho a la educación y, en ese sentido, constituye un ejemplo del fracaso de nuestra política educativa.

¿Cuáles son las causas que llevan a tantos menores a dejar de estudiar cuando apenas están cursando el nivel básico? ¿Qué hacen las autoridades para diagnosticar adecuadamente el fenómeno y, a partir de dicho diagnóstico, diseñar e implementar soluciones?

La respuesta a la segunda pregunta es, desde luego, la más importante de las dos. Porque no se trata solamente de que, a partir de la publicación de las estadísticas, quienes tienen a su cargo el sistema educativo salgan a exponer las causas económicas, familiares o sociales que explican el elevadísimo número de desertores.

Lo que hace falta, sobre todo, es que nos expliquen cómo se reacciona frente a esta realidad que implica, al menos en principio, que no somos capaces de ofrecerle a nuestros niños la posibilidad de una vida mejor y estamos condenando a miles de ellos al subempleo, en el mejor de los casos, o a incorporarse a las filas de la delincuencia, en el peor.

No estamos hablando de un asunto trivial sino de uno de la mayor importancia. Estamos hablando de que la educación, como herramienta de progreso social, parece tener un boquete inmenso en nuestra entidad.

Mención aparte merece, desde luego, el hecho que sea Saltillo, la capital del Estado, la ciudad con la más alta incidencia de deserción, pues uno de cada cinco menores coahuilenses que abandonó sus estudios en el pasado ciclo escolar asistía a una escuela saltillense.

Cabría esperar una respuesta clara, amplia y precisa por parte de la Secretaría de Educación, primero para entender las causas del fenómeno y, enseguida, para tener claro que los escandalosos números que se han dado a conocer no son vistos de manera impasible por quienes tienen la delicada tarea de garantizar la educación de nuestros hijos.