La construcción de un Estado de Derecho exige contar con un sistema de justicia que dé respuesta a la demanda de seguridad, justicia y derechos humanos acorde a la realidad del País. Por ello, a 10 años de la reforma constitucional que transformara el sistema de justicia hacia uno de corte acusatorio y a dos años de que ésta opere con plena vigencia en el territorio nacional, se hace necesario conocer el estado que guarda su implementación.

En ese marco, desde México Evalúa presentamos la quinta edición de Hallazgos, proyecto de seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, en el que realizamos un corte de caja al 2017 y un ejercicio inédito de medición de la impunidad.

Entre los principales resultados encontramos que coexisten escenarios heterogéneos en todo el País, con el riesgo de que la operación comience a estancarse en un proceso de maduración incipiente. Aunado a la ausencia de una política que asegure equilibrio en la asignación de recursos y avances, en instituciones de seguridad como de justicia.

En cuanto a los aspectos que funcionan como condicionantes para la operación, publicamos un ranking que visibiliza los avances en las entidades. Aun cuando las entidades se encuentran lejanas al nivel deseable (600), las de mayor desarrollo fueron Querétaro (483) y Guanajuato (476), mientras que las de mayor rezago fueron Guerrero (134 puntos) y Campeche (160). Coahuila se ubicó en la décima posición con 311 puntos.

En cuanto a impunidad se observa un promedio nacional de 87.3 por ciento con 17 por encima del promedio. En Coahuila la impunidad se ubica en 76.6 por ciento, pues de cada 100 casos procesados por la autoridad sólo en 23 se logra un acuerdo, reparación o sanción. 

Esto puede explicarse –por una parte– por el uso de mecanismos alternos de solución en la Fiscalía Estatal que ascendió a 21.8 por ciento, de los cuales en 73.4 por ciento se cumplieron los acuerdos reparatorios. No obstante, una tercera parte de sus investigaciones (34.4 por ciento) fueron concluidas por archivo temporal.

Ante este panorama con claroscuros y rezagos institucionales, aunado a niveles de inseguridad e impunidad intolerables, es imprescindible la participación de la sociedad civil en el debate y construcción de políticas públicas, tanto para la cocreación y coconstrucción de soluciones como para la vigilancia y la rendición de cuentas.

María Novoa
Coordinadora del Área de Justicia en México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas
Twitter: @marianovoacv @mexevalua
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