Al asumir ayer la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín propuso al Presidente de la República coordinar acciones para terminar con la pobreza extrema durante el actual sexenio, una meta que constituye el reto más importante del País desde que se concretó la independencia hace casi dos siglos.

Y es que más allá de las frases de ocasión y los discursos intencionados, existe poca duda de que el principal problema de México –y de América Latina en general– es la desigualdad, una de cuyas traducciones materiales es la existencia de una amplísima franja de la sociedad que vive en la miseria.

En teoría, es importante decirlo, todos los sectores sociales han trabajado para abatir la desigualdad en forma permanente y no hace falta sino consultar los libros de historia o las hemerotecas para encontrar múltiples piezas discursivas pronunciadas desde todas las tribunas en este sentido.

Pocas ocasiones como ahora, sin embargo, el planteamiento pasa por el reconocimiento explícito de la realidad. Al respecto, la nueva cabeza del CCE fue al punto sin rodeos:

“Somos un País que crece de manera insuficiente, insatisfactoria e inequitativa, con regiones que avanzan y otras con las que tenemos una deuda de siglos. México no merece esta situación de pobreza y de marginación”, dijo en su discurso inaugural.

Más adelante plantearía la aspiración de que “el sector privado se convierta en una fuente de propuestas para mejorar nuestra actividad productiva y para alcanzar el equilibrio entre economía y sociedad”.

Las expresiones de Salazar Lomelín implican una coincidencia discursiva entre el sector privado y el Gobierno que no habíamos atestiguado antes, porque se trata de un encuentro en el terreno de la izquierda ideológica, es decir, el de la justicia social.

Llevar tales expresiones a la realidad implica que los empresarios, especialmente los más acaudalados, adopten una posición que no han tenido hasta ahora: la de renunciar a la posibilidad de acumular riqueza en la proporción en que lo han hecho y permitir que ésta se distribuya de manera más equitativa.

Llegados a este punto es preciso señalar que México no es un país pobre. Es, sí, uno en donde la mayor parte de su población es pobre, pero tal hecho deriva de una circunstancia puntual: la riqueza que se genera de forma colectiva se concentra en unas pocas manos, mientras la inmensa mayoría ha sido condenada a la supervivencia.

La posición discursiva adoptada ayer por el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial implica entonces la confección y puesta en práctica de una política de Estado que modifique de fondo el modelo económico instrumentado hasta ahora, un reto que pasa, en primerísimo lugar, por la adopción de una nueva cultura empresarial.

Se trata, a no dudarlo, de una de las coincidencias discursivas más interesantes de las últimas décadas. Cabría esperar que no se quede solamente en discurso, sino que se convierta pronto en una realidad tangible.