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El presidente del Consejo de Participación Ciudadana dijo que debe quedar claro que el hecho de que los organismos autónomos no cuenten con órganos internos de control, no significa que no sean supervisados

Los organismos encargados de combatir la corrupción no están sin vigilancia, porque para eso rinden cuentas públicas, sin embargo, el retraso en la designación de contralores internos es un asunto que debe destrabar el Congreso de Coahuila, y para ello tiene presentada una propuesta de asociaciones civiles avalada por el Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción, dijo Manuel Gil Navarro.

VANGUARDIA dio a conocer que los organismos encargados de vigilar, investigar y castigar la corrupción en Coahuila no sólo manejan un presupuesto millonario, sino que también están carentes de supervisión y vigilancia, para evitar que se conviertan en parte de la estadística negativa de corrupción, debido a que no cuentan aún con contralores internos.

“Es un tema en donde el Congreso debe atender la recomendación que se planteó, que establece, no sólo que designe quien vigila, sino que quien vigile obedezca a criterios de mérito e independencia política”, explicó Manuel Gil Navarro.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana dijo que debe quedar claro que el hecho de que los organismos autónomos no cuenten con órganos internos de control, no significa que no sean supervisados, porque para eso tienen que rendir cuentas públicas.

Este tema es no imputable a las entidades, el hecho de que no tengan órganos internos de control es porque las propias entidades no se pueden designar su órgano interno, sino el Congreso Estatal es quien lo debe designar”, explicó.

Agregó que los principios básicos de rendición de cuentas se cumplen a cabalidad ante la Auditoría Superior del Estado, porque están sujetos a rendir cuentas públicas para ser fiscalizadas.

Sobre el presupuesto millonario que manejan en conjunto los poderes y organismos involucrados en el combate a la corrupción, dijo que no todo el presupuesto que ejercen se destina al combate a la corrupción, porque cada dependencia tiene que ver varios aspectos, como el Poder Judicial, que imparte la justicia en diferentes áreas, o el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), que si bien está dentro del Sistema Anticorrupción, su prioridad es garantizar la transparencia y la protección de datos personales.