Hasta septiembre de este año, en Coahuila han sido denunciados 910 casos de presuntos delitos sexuales, es decir, 101 en promedio por mes

 

Los indicadores y su seguimiento, se ha dicho en múltiples ocasiones, constituyen el elemento central de cualquier política pública que pretenda atender con eficacia los fenómenos sociales, ya para combatir consecuencias indeseables, ya para mejorar el desempeño de aquellas estrategias que funcionan bien.

Y la afirmación anterior es particularmente cierta cuando hablamos de aquellos aspectos que lastiman a la sociedad y que nos ofenden a todos, porque se trata de la cuantificación de conductas indeseables que deben ser combatidas sin contemplación por las autoridades.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la incidencia de agresiones sexuales cometidas en contra de integrantes del sexo femenino y, en particular, al hecho de que casi la mitad de los ataques ocurren en la vía pública.

De acuerdo con la estadística recopilada por el Centro de Información de esta casa editora, en lo que va del año, en Saltillo han sido denunciados medio centenar de ataques sexuales en contra de mujeres y de estos el 46 por ciento han ocurrido en la vía pública.

Un ejemplo de tal circunstancia es el caso de una joven corredora que habría sido perseguida por un individuo desconocido en los terrenos del Bosque Urbano de Saltillo mientras hacía ejercicio en el lugar.

La pregunta obligada al revisar este caso y las cifras referidas es: ¿por qué los agresores sexuales no parecen tener temor alguno de atacar a sus víctimas en la vía pública y a plena luz del día? La respuesta parece bastante obvia: porque flota en el ambiente la posibilidad de la impunidad.

Los agresores sexuales –así como ocurre con quienes cometen otra clase de ilícitos– parecen tener bastante claro que las posibilidades de ser detenidos, sometidos a proceso y, eventualmente, castigados por haber incurrido en una transgresión legal, son muy bajas.

Difícil explicar de otra forma que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Coahuila hayan sido denunciados, hasta septiembre de este año, 910 casos de presuntos delitos sexuales, es decir, 101 casos en promedio por mes o, si se prefiere, alrededor de tres por día.

Y si la estadística saltillense constituye el ejemplo de lo que ocurre en todo el estado, entonces estaríamos hablando también de cientos de ataques sexuales ocurridos en la vía pública a lo largo y ancho del territorio coahuilense.

¿Qué reacción debe generar la estadística? Como ocurre con cualquier indicador, lo primero sería esperar que las autoridades no asuman una actitud de indiferencia ante el hecho, sobre todo porque estamos hablando de conductas que ofenden particularmente a la sociedad.

En segundo lugar, sería de esperar que se dediquen los recursos 
necesarios a fin de analizar el fenómeno de forma detallada, así como a diseñar e implementar políticas que ataquen directamente la raíz del problema: el alto índice de impunidad delictiva que, de acuerdo con cualquier análisis de nuestro sistema penal, padecemos en el País y del cual Coahuila no es ajeno.