Agua: bien público
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El agua potable es un bien público y su acceso un derecho humano. En teoría, contar con agua en cantidad y calidad suficiente tendría que ser una realidad para cada miembro de nuestra especie. En la práctica, son muchos los que no cuentan con ese recurso indispensable para la vida. La situación empeora cuando es la acción de unos cuantos la que priva de agua pura a los demás.
Eso es lo que ha sucedido en la Comarca Lagunera en donde el desarrollo de la cuenca lechera ha conducido a la sobreexplotación del acuífero, reduciendo de manera sensible la cantidad de líquido disponible y ocasionando su contaminación por arsénico a niveles intolerables para la salud humana.
Sin embargo, tampoco es posible negar la relevancia económica que tiene la actividad lechera; por eso la importancia de encontrar soluciones de fondo a la problemática del agua en la Laguna, para que la actividad lechera llegue a ser sostenible y sustentable. La meta debe ser establecida bajo una lógica simple: primero el consumo humano y la preservación del ecosistema y después el negocio. Todo es posible si se respeta ese orden y se suman voluntades y capacidades.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su deseo de crear una nueva cuenca lechera en el sureste del país, y con ello ha despertado reacciones en distintos sectores de la población de la Comarca Lagunera. Pero, más que criticar la viabilidad del proyecto presidencial los coahuilenses deberíamos concentrarnos en garantizar que el problema del agua en la Laguna quede resuelto.
La sobreexplotación de los mantos acuíferos no es una novedad; tal vez por eso sorprende que, pese a los reclamos de organismos civiles y trabajos periodísticos donde se ha denunciado el uso indebido del recurso, a estas alturas, no se hayan tomado las medidas necesarias.
En el mundo hay experiencias monitoreadas por organismos internacionales para establecer espacios de diálogo y negociación entre los distintos actores involucrados -gobiernos, sociedad civil y sector empresarial-. Pese a lo complejo de otras agendas públicas como la seguridad o el desarrollo económico, el cuidado del agua tendría que ocupar una mayor relevancia para, de una vez por todas, asumir con seriedad y compromiso las acciones a seguir.
¿Será posible que legisladores, empresarios y servidores públicos asuman el tema con corresponsabilidad y pongan a disposición todos sus recursos para encontrar alternativas de solución? ¿Podría existir un punto medio entre la importancia del desarrollo económico de la región y la relevancia de preservar el vital líquido para todos los seres vivos?
El agua es un bien público y a todos nos corresponde su cuidado.