El almacenamiento, la conducción y el destino final del agua en La Laguna ha dado lugar a un intrincado esquema de corrupción que es indispensable desmontar

Previo a su visita a la Región Laguna de Coahuila –este miércoles–, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que una de las promesas de su Gobierno es que los habitantes de dicha zona de la entidad “tendrán agua” suficiente y de calidad.

Se trata, a no dudarlo, de un ofrecimiento que todos deseamos que se cumpla, pues la disponibilidad de agua potable para consumo humano es indispensable para la supervivencia de cualquier zona urbana del planeta.

Más allá de la conveniencia del ofrecimiento conviene tener en cuenta la realidad de la región. Y esta se encuentra signada por un largo historial de control del agua disponible que está relacionado con intereses privados que deben dimensionarse claramente antes de emprender acciones.

En la Región Laguna, como se ha documentado largamente, el agua disponible está “etiquetada” –por acciones del propio Gobierno Federal– de forma tal que es muy problemático modificar su destino actual, si bien no se trata de un objetivo de imposible realización.

Los denominados “derechos” sobre el agua que contienen las presas de esa Región se han convertido, al paso de los años, en una suerte de “patrimonio” de quienes tienen en sus manos documentos expedidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), según los cuales, ellos son “propietarios” de cierto caudal, aun cuando las leyes digan lo contrario.

En otras palabras, el agua que circula por los ríos y se almacena en las presas de la Región Laguna, de acuerdo con la tradición, tiene dueño y eso se ampara en documentos que se encuentran en posesión de individuos que han “defendido” históricamente tales derechos, incluso utilizando armas para ello cuando lo han considerado “necesario”.

Así, el almacenamiento, la conducción y el destino final del agua en La Laguna ha dado lugar a un intrincado esquema de corrupción que es indispensable desmontar antes de considerar la posibilidad de modificar la forma en que el agua se utiliza en aquella zona.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que, más allá de los esquemas irregulares que se han prohijado a lo largo de los años, el agua de La Laguna da vida a un mecanismo económico importante del cual dependen miles de familias de esa y otras regiones del país.

Así pues, cumplir la promesa presidencial de proveer de agua a todas las personas de esa región de Coahuila no puede pensarse como un simple acto de voluntad que se cumplirá porque alguien decidió que las cosas deben cambiar radicalmente, sino merced a un plan que, al mismo tiempo que hace valer el derecho de todas las personas a contar con agua suficiente para subsistir, evite dinamitar actividades económicas.

Nadie puede estar en contra de que cada ser humano cuente, todos los días, con el líquido indispensable para realiza sus actividades cotidianas, pero en ese propósito también es necesario tener en cuenta que el agua sirve para mantener actividades productivas que son indispensables para que las personas subsistan. Encontrar el equilibrio entre ambas realidades debe ser el propósito fundamental de las autoridades, so pena de provocar problemas mayores a los que buscan resolver.