El derecho a conducir en estado de ebriedad no existe; el de transitar con seguridad por las calles sí; por ello las autoridades deberían proteger tal derecho

Más que algo punitivo, (el uso de alcoholímetros) es una medida preventiva… los meseros ven a una persona que ya ha consumido bastante alcohol y lo invitan a que haga la prueba y, dependiendo del resultado, determinan si puede seguir manejando o debe de recurrir a una alternativa, ya sea taxi o que maneje algún acompañante…”.

La frase corresponde a las declaraciones realizadas por Javier Picasso, subdirector de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, al explicar que dicha dependencia tiene la intención de ampliar la cobertura del programa de colocación de alcoholímetros en restaurantes y bares.

El programa, que ha estado operando desde el año 2015, se realiza solamente en establecimientos de Saltillo y Torreón, en los cuales se han efectuado casi 37 mil pruebas de alcoholemia y, de acuerdo con la estadística oficial, alrededor del 10 por ciento de quienes se las realizaron debieron solicitar el apoyo de un acompañante o un servicio de taxi para trasladarse.

Tales cifras, de acuerdo con las autoridades sanitarias, implicarían que el programa ha tenido éxito y por ello se busca ampliar la cobertura del mismo llevándolo al resto de las regiones de Coahuila.

No está mal, por supuesto, que 1 de cada 10 personas sometidas a la prueba –y que resultaron con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos– hubieran decidido voluntariamente renunciar a la posibilidad de conducir sus autos.

Sin embargo, tal cifra por sí sola no da para considerar “un éxito” el programa, ni para plantear siquiera que se avanza en la dirección correcta. Para ello haría falta que la estadística de accidentes automovilísticos causados por conductores ebrios se desplomara o, de preferencia, llegara a cero.

Porque resolver el problema de conductores alcoholizados no puede ser un asunto de “buena voluntad” por parte de los propietarios de restaurantes y bares ni, mucho menos, de sus clientes. Conducir en estado de ebriedad –o alcoholizado– es una conducta peligrosa que debe ser sancionada sin contemplaciones ni excepciones y a todos debe interesarnos que ni una sola persona bajo el influjo del alcohol conduzca un automóvil.

En este sentido, valdría la pena considerar que el someterse a la prueba de alcoholemia fuera obligatorio para quienes conducen un automóvil y que la realización de dicha prueba –o el rechazo a realizársela– constituyera una agravante en el proceso penal de quien provoque un accidente automovilístico por conducir alcoholizado.

Porque siendo cierto que cada persona –adulto, por supuesto– es libre de decidir el volumen de alcohol que desea consumir, también lo es que nadie tiene derecho a conducir en estado de ebriedad y ésa es, más bien, una conducta prohibida por cuya comisión se debe recibir un castigo.

El derecho a conducir en estado de ebriedad no existe; el de transitar con seguridad por las calles y carreteras sí. Por ello, las autoridades deberían pensar en medidas más eficaces para proteger tal derecho.