Alertan por criminalización contra opositores a megaobras
COMPARTIR
TEMAS
En total en estos cinco años se recabaron 240 casos de agresiones solamente en temas ambientales.
Ciudad de México.- Organizaciones civiles estiman preocupante la criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos en el país, cuyas agresiones son cada vez mayores.
En conferencia de prensa en México en el marco de la presentación del informe del Observatorio Mundial Contra la Tortura, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indicó que según los datos que ha recopilado la organización, las agresiones a defensores de derechos humanos pasaron de 10 en 2010 a 109 en 2015.
En total en estos cinco años se recabaron 240 casos de agresiones solamente en temas ambientales.
“Esto nos parece grave porque el informe que nosotros realizamos no es exhaustivo. No representa la totalidad de agresiones a defensores ambientales, sino que son casos que salen en notas o son casos que nosotros en el área de defensa llevamos o asesoramos”, dijo Felipe Romero, abogado del Cemda.
El coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara, afirmó que sólo en el Estado de México, se han registrado 150 casos de agresiones a defensores ambientales entre 2012 y 2015, un promedio 50 casos por año.
El informe del Observatorio subrayó el rol de las empresas y del poder judicial en la criminalización de los defensores y esto a pesar de la obligación que tienen de respetar los derechos humanos y la legitimidad de la protesta social pacífica contra megaproyectos o la extracción de recursos naturales.
“Son las empresas quienes en casi todos los casos inician los procesos penales contra defensores, solicitando la aplicación de leyes de excepción, como por ejemplo leyes antiterroristas”, explicó el documento.
“Criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces federales y fiscales de la región no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos”, agregó el organismo.
