El fallido operativo de Culiacán no solamente ha retratado al gabinete de seguridad como un equipo incompetente para llevar a cabo sus funciones, sino que ha demostrado que el secretario Durazo Montaño es un servidor público deshonesto

Han pasado ya suficientes horas como para analizar con frialdad lo ocurrido la semana anterior en Culiacán, Sinaloa, y valorar de manera menos coyuntural la decisión del Gobierno de la República de “entregar” a un presunto delincuente a quien habían apresado.

Y el juicio respecto de las decisiones tomadas por el Gabinete de Seguridad Pública del presidente Andrés Manuel López Obrador debe hacerse, sobre todo, a partir de dos elementos: las responsabilidades legales que tienen y la veracidad de las declaraciones realizadas hasta ahora.

El segundo elemento es particularmente importante porque estamos juzgando los actos de un equipo que reclama, todos los días, constituir un parteaguas en la historia política del país, por tratarse de personas que se comportan de manera diametralmente opuesta a la de sus adversarios políticos.

La honestidad, ha dicho repetidamente el Presidente, es el principal valor de su biografía personal y por ello la veracidad de lo que se informa a la ciudadanía es un elemento fundamental a la hora de juzgar sus actos.

Por ello es que conviene revisar los dichos del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, respecto de la forma en que se registraron los hechos en los cuales uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo” fue apresado y luego liberado.

Un primer elemento tiene que ver con el video difundido por el Gabinete de Seguridad el mismo jueves anterior. En voz del secretario Durazo, el gabinete informó que la captura de Ovidio Guzmán había sido un hecho fortuito, registrado durante un “recorrido de rutina” por una zona residencial de la capital sinaloense.

Luego, durante la conferencia de prensa que ofrecieron al día siguiente, afirmó que la liberación del detenido no fue producto de ninguna negociación. “La suspensión del operativo no involucró absolutamente ninguna negociación. Ni en este caso ni en ningún otro el gobierno -lo ha reiterado-  está dispuesto a negociar con integrantes de organizaciones criminales”, dijo el funcionario.

La primera afirmación, como se sabe, era falsa y eso ha sido reconocido por el propio Presidente de la República. La segunda resulta francamente inverosímil, pues no es posible entender cómo se entrega a un prisionero, y las fuerzas de seguridad se retiran del lugar sin que se produzca un enfrentamiento, si no es mediante una negociación.

Con ello, el fallido operativo de Culiacán no solamente ha retratado al gabinete de seguridad como un equipo incompetente para llevar a cabo sus funciones, sino que ha demostrado que el secretario Durazo Montaño es un servidor público deshonesto.

Siendo opositor, el presidente López Obrador demandó la renuncia de los integrantes del gabinete de seguridad del entonces presidente Enrique Peña Nieto tras la fuga de “el Chapo” de un penal de alta seguridad. En congruencia con sus demandas de ayer, tendría que deshacerse al menos de Durazo, pues no solamente ha demostrado incompetencia, sino que ya no es posible creer en su palabra.