Vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre las acusaciones y la estatura moral de quienes se encuentran en ambos extremos del señalamiento

El todavía presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, afirmó ayer desde España –donde enfrenta un proceso de extradición a pedido de las autoridades mexicanas– que “México es un país sin leyes” y él es una suerte de “chivo expiatorio” en una campaña del actual Gobierno de la República contra Enrique Peña Nieto.

Las declaraciones de Ancira son, sin duda alguna, un apetitoso bocado mediático y dan para convertirlas en titulares de cualquier medio de comunicación, pues se trata de señalamientos que se plantean en un momento políticamente adecuado.

Vale la pena, sin embargo, detenerse un momento a reflexionar sobre las acusaciones y la estatura moral de quienes se encuentran en ambos extremos del señalamiento.

Y vale la pena, porque por mucho que uno esté en desacuerdo con el Presidente de la República, resulta muy difícil considerar que, en un mano a mano, Andrés Manuel López Obrador pueda acabar por debajo de Alonso Ancira en términos de estatura moral.

Es cierto, por lo demás, que toda persona debe gozar del derecho a la presunción de inocencia y, en ese sentido, Ancira Elizondo o cualquier otro individuo no pueden ser condenados simplemente porque se enderezó una acusación en su contra, sino que deben ser vencidos en juicio.

Sin embargo, también es cierto que la intención de Ancira, al acusar a López Obrador de perseguirle políticamente, es la de aprovechar el ánimo que en este momento parece desfavorable al Presidente, a fin de presentarse como una “víctima” del nuevo régimen.

Las personas que conocen de cerca la historia reciente de Altos Hornos de México y de quienes han dirigido a la empresa, aseguran que el grupo encabezado por Ancira sólo ha buscado su beneficio personal y poco le importó el destino de la acerera y la Región.

La realidad que hemos reseñado en las últimas semanas parecería darle la razón a quienes piensan así, pues incluso la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión no ha dudado en votar –por unanimidad– la solicitud para que las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila sean declaradas zonas de emergencia económica.

Tal hecho evidencia que el problema de fondo no es la situación económica de AHMSA –que finalmente puede resolverse mediante la intervención de otros inversionistas–, sino la crisis que viven miles de familias de un amplio sector de la población coahuilense, debido a la forma en la cual ha sido administrada una empresa que solía ser parte del patrimonio colectivo de los mexicanos.

Por todo ello, haremos bien en no dejarnos llevar por las declaraciones grandilocuentes y evitar suscribirnos a posiciones que, lejos de perseguir el beneficio colectivo, lo que parecen perseguir, en el último episodio de aguas revueltas, es garantizar ganancias para los pescadores de siempre.