América Latina afronta un trascendental año electoral

América Latina afronta en 2018 un año electoral de enorme trascendencia. Los dos gigantes de la región, Brasil y México, celebrarán elecciones presidenciales, igual que Colombia, cuarta economía del área. Venezuela, protagonista de una crisis política en constante escalada, supuestamente también debería convocar comicios presidenciales. Y en Cuba, Raúl Castro ha anunciado para este año su retirada de la jefatura del Estado.

BRASIL

Brasil celebrará en octubre de este año las elecciones más importantes e imprevisibles desde 1989 y el fin de la dictadura. Aquellos comicios presidenciales llevaron por sorpresa a la segunda vuelta al entonces metalúrgico izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que vuelve a ser protagonista en la lucha por dirigir el país, ahora en manos de Michel Temer tras el traumático impeachment que forzó la salida del cargo de Dilma Rousseff en 2015. No obstante, no está claro si Lula da Silva, dos veces presidente del Gobierno al frente del Partido de los Trabajadores (PT), podrá concurrir en 2018 como candidato, ya que pende sobre él una sentencia condenatoria que ha recurrido por un supuesto caso de corrupción. Tampoco está claro si, de no poder presentarse, tendría fuerza para concitar apoyos en torno al nombre que lo sustituya al frente de la lista del PT.

En el centroderecha, afectado como todas las formaciones por el megaescándalo de los sobornos de Petrobras, tampoco se vislumbra de momento un panorama claro. El veterano gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmim, del partido centroderechista PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), tratará de vencer su debilidad en los sondeos. Desde hace 24 años en el poder del principal Estado brasileño, Alckmim intentará atraer el sentimiento anti-Lula con algún gesto de política social que lo haga ser más del gusto de la región noreste del país, la más pobre. No será empresa fácil conjugar esa estrategia con la defensa de reformas liberales como la del sistema de pensiones.

A estas alturas de la larga carrera presidencial, a la que en principio no se sumará Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), la novedad la aporta la candidatura de extrema derecha del diputado y militar retirado Jair Bolsonaro, que saca partido del electorado anti-Lula y avanza en las encuestas. Sin embargo, la mayoría de analistas cree que el fenómeno Bolsonaro tiene un techo porque el candidato ultraderechista no tiene una plataforma social en un país en el que el 70% de los electores tiene ingresos familiares de no más de dos salarios mínimos (478 euros).

En todo caso, en un ambiente político tan pulverizado, pueden surgir otros candidatos independientes. Pero el año en Brasil empieza marcado por un nuevo capítulo del culebrón jurídico de Lula da Silva, acusado en la megaoperación Lava Jato por haberse lucrado, presuntamente, al facilitar contratos públicos a empresas. El expresidente ya fue condenado en una de las demandas por el juez estrella Sergio Moro y el día 24 de este mes un tribunal superior resolverá si confirma o no la pena. No obstante, queda un largo camino de recursos judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo, y el PT ya ha manifestado su intención de ir hasta el final para mantener a Lula da Silva en la carrera presidencial.

No es una cuestión menor: aunque todavía faltan muchos meses para las elecciones que se celebrarán en octubre, los sondeos más recientes sitúan a Lula, símbolo de una edad de oro (especialmente para los brasileños más pobres), como el gran favorito. El Instituto Datafolha de São Paulo estima que el 38% de los electores son “lulistas” y tienen al menos la intención de votar a quien el expresidente designe para sustituirlo si no puede concurrir. En ese escenario podrían despuntar algunos candidatos considerados suplentes de Lula, como el exministro de centroizquierda Ciro Gomes o incluso la exministra y ambientalista Marina Silva.

Uno de los clichés más repetidos en los procesos electorales en Brasil es que, al final, todo se define en las campañas de televisión, donde a los candidatos se les da un tiempo gratuito para vender sus programas, según los apoyos que obtengan de partidos políticos. Esto suele cortar las alas a cualquier candidato alternativo o independiente. Hasta el partido de un Gobierno impopular como el de Temer vuelve a tener peso porque dispone de tiempo en la televisión. Pero es posible que esta circunstancia cambie ahora. Esta será la primera campaña en Brasil en la que los políticos podrán contratar publicidad en Facebook, un peso inmenso y todavía difícil de medir.

MÉXICO

México afrontará el 1 de julio una elección presidencial inmerso en un contexto desgarrador para el país. Si hace seis años el presidente Enrique Peña Nieto alumbraba un sexenio esperanzador con una serie de reformas logradas con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, la segunda mitad del mandato ha empañado —y en ocasiones desdibujado— la imagen del país. Los casos de corrupción golpean continuamente al círculo más próximo de Peña Nieto y cuando no, azotan al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, la violencia ha teñido de sangre a México como no lo había hecho nunca antes. A falta de los datos oficiales de diciembre, todo apunta que 2017 será el año más violento desde que hay registros. 

La batalla para suceder a Peña Nieto ya está en marcha. La campaña electoral se antoja a cara de perro, más ruda que nunca y con un posible escenario hasta ahora inédito; que tres candidatos lleguen con opciones de triunfo hasta el último momento. Todo ello en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU y Canadá y con la sombra de Donald Trump agitando desde el norte. 

El líder en todas las encuestas sigue siendo el dos veces candidato Andrés Manuel López Obrador, factótum de Morena, un partido que creó a su imagen y semejanza cuando abandonó el PRD al inicio de este sexenio. Esta será la última vez —según ha insistido— que López Obrador intente lograr la presidencia que perdió en 2006 por medio punto ante Felipe Calderón. El líder de Morena sigue transmitiendo una imagen negativa para un amplio espectro del electorado, que lo considera una amenaza para el país, lo que le impide terminar de despuntar en los sondeos.

Y si alguien tiene una mala imagen en México hoy en día es el PRI, que para paliar su desgaste ha optado por tener de candidato a alguien que no milita en el partido, aunque ha pedido al PRI que lo haga “suyo”: José Antonio Meade. El que fuera secretario de Hacienda y el único miembro del Gabinete de Peña Nieto que estuvo en el anterior de Felipe Calderón es la apuesta del partido tricolor para mantenerse en el poder, del que en casi 90 años de historia solo ha estado apartado entre 2000 y 2012. 

Como la alternativa al considerado partido de la corrupción y a la amenaza del supuesto populismo se presenta Ricardo Anaya, hasta hace unas semanas presidente del Partido Acción Nacional (PAN), la tradicional formación opositora de México, que lidera la candidatura que su partido cristalizó junto al progresista PRD y Movimiento Ciudadano, una amalgama con muchas divisiones ideológicas que, no obstante, se pueden consolidar en estos tiempos donde, ante todo, priman las emociones.

A la espera de ver cuántos candidatos independientes pueden participar en la batalla final —solo Jaime Rodríguez El Bronco y Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón parecen tener garantizado un lugar— la única certeza es que los retos del próximo presidente de México serán ingentes. Además de taponar la hemorragia de corrupción y violencia deberá articular, por primera vez en la historia moderna del país, un sistema de procuración de justicia independiente que ponga freno a la galopante impunidad.

COLOMBIA

Colombia afronta en mayo de 2018 unas elecciones presidenciales de las que dependerá en buena medida la consolidación del proceso de paz con las FARC culminado en noviembre de 2016 por el Gobierno de Juan Manuel Santos. El mandatario deja el cargo después de dos legislaturas que supusieron el fin del conflicto armado con la guerrilla más antigua de América y le valieron el Premio Nobel de la Paz, pero levantaron una dura oposición de buena parte de la sociedad, alentada por su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe.

Los excombatientes tendrán a partir de este año representación parlamentaria garantizada —una de las cláusulas de los acuerdos— y su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, aspira a medirse con los candidatos de los partidos tradicionales. Con este horizonte, en medio de un clima de elevada polarización social, el país andino se juega su transición después de más de medio siglo en guerra. Esa transformación repercutirá en la economía, en la arquitectura institucional, en la lucha contra el narcotráfico, en la inseguridad que aún pervive en las zonas rurales y en los principales aspectos de la convivencia. El próximo jefe del Gobierno será el encargado de pilotar esa etapa.

Después de más de un año de precampaña, la carrera electoral ha comenzado a definirse en torno a seis nombres, representantes de las principales familias políticas. Las encuestas prefiguran un panorama muy fragmentado, con un pulso entre quienes apoyaron y rechazaron los acuerdos de paz, y la necesidad de formar alianzas, en primera o segunda vuelta o incluso antes de los comicios legislativos convocados para mayo. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y antiguo gobernador del departamento de Antioquia, encabeza la mayoría de los sondeos. Defiende la reconciliación del país como prioridad social y rehúye de las etiquetas ideológicas. No obstante, concurrirá con la líder del Partido Verde, Claudia López, y el progresista Polo Democrático, de Jorge Enrique Robledo, bajo las siglas de la Coalición Colombia.

En el espectro más conservador destacan tres figuras: Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. El primero, dirigente de Cambio Radical, fue vicepresidente de Santos hasta marzo de 2017. Duque es el aspirante del Centro Democrático, la formación de Uribe, pero tras el acuerdo alcanzado por este con el también expresidente Andrés Pastrana tendrá que medir apoyos con Ramírez, del Partido Conservador y exministra.

El exregidor de Bogotá Gustavo Petro, que en un sistema político tradicional ocuparía un espacio marcadamente de izquierdas, aparece también, de momento, entre los favoritos. No obstante, su movimiento debería buscar el apoyo de otros sectores y no descarta tratar de involucrar a Humberto de la Calle, pero el candidato del Partido Liberal se ha mostrado prudente con respecto a sus planes. De la Calle fue el jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC, es abogado y tiene una dilatada carrera política —fue vicepresidente de Ernesto Samper hace dos décadas—. Su proyecto político busca rebajar el clima de creciente indignación de los colombianos y desconfianza en las instituciones con un programa rotundo contra la corrupción.

VENEZUELA

Venezuela acaba de terminar uno de los años más aciagos de su historia reciente. El régimen de Nicolás Maduro echó por tierra los últimos resortes que permitían la existencia de un contrapoder en la vida pública del país. Desmanteló el Parlamento elegido en diciembre de 2015, de mayoría opositora, y convocó la votación de una Asamblea Nacional Constituyente, una cámara sin representantes críticos con el chavismo que se ha convertido en un mero brazo ejecutor del Ejecutivo. La oposición rechazó participar en esos comicios, celebrados en julio, concurrió a las elecciones regionales —en las que denunció fraude— y se dividió ante las municipales del pasado otoño. Hubo cuatro meses de protestas callejeras ininterrumpidas que dejaron más de 120 muertos. La tendencia hiperinflacionista, la incompetente gestión de la política monetaria, la represión, la corrupción y el hundimiento de la petrolera estatal, Pdvsa, coronan este dramático panorama.

El país debería celebrar presidenciales este año. Maduro ya manifestó su intención de optar a la reelección. No obstante, ha amenazado con hacerlo en unas condiciones que allanarían el camino a su perpetuación en el poder, a la eliminación de la oposición y a la consolidación del autoritarismo. El sucesor de Hugo Chávez pretende castigar a las formaciones mayoritarias de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por boicotear la elección de alcaldes. El mandatario aprovechó esta circunstancia para intimidar a los partidos de sus principales adversarios (Voluntad Popular, de Leopoldo López; Primero Justicia, de Henrique Capriles; y Acción Democrática, de Henri Ramos Allup) y advertirlos de que no podrán presentar candidatos. Días después, la Asamblea Constituyente dio el primer paso para la prohibición de esas formaciones, que de momento se traduce en obstáculos administrativos.

Si Maduro cumple su amenaza, no solo convertiría la celebración de las elecciones en una farsa, sino que dinamitaría de forma irreversible los últimos intentos de diálogo, que tras repetidos fracasos se celebran desde hace unos meses en República Dominicana. Además, contribuiría a incrementar la presión de la comunidad internacional, sobre todo de EE UU, de los países vecinos y de la Unión Europea. Las conversaciones con la oposición han estado acompañadas en 2017 de gestos que la MUD considera insuficientes, como las liberaciones de algunos presos políticos o la concesión del arresto domiciliario a Leopoldo López.

Sin embargo, la convocatoria de comicios presidenciales constituye la principal reivindicación desde hace años. Esa cita es vital para la reactivación de la Mesa, que atraviesa uno de sus peores momentos, marcado por tensiones internas y divisiones. La semana pasada la coalición admitió en un comunicado “graves errores y omisiones” y se comprometió a recuperar la unidad y a elegir un candidato único para las próximas elecciones, que todavía no tienen fecha.