Una tormenta de amparos en contra del recorte salarial impulsado por el nuevo Gobierno federal, y el arranque de la carrera de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para relevar a su Presidente, marcaron la actividad política de la primera de las más de 300 semanas que se extenderá el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador Federal.

El diario El País aseveró: “México vive una invisible guerra de baja intensidad”. Con esa expresión describe el choque entre el discurso de austeridad y en contra de las élites que enarbola AMLO; al tiempo que el Poder Judicial —con sus 846 tribunales y 44 mil empleados— denuncia en la otra esquina un intento para debilitar desde Morena la independencia de la labor de los juzgadores.

El caso ya llegó a la SCJN. Un tribunal federal ordenó admitir a trámite un recurso de amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores para impugnar el Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos, impulsado por la nueva mayoría morenista, para el periodo de septiembre a diciembre de este año.

Más de 2 mil empleados de la Judicatura —entre ellos 600 magistrados— promovieron juicios de amparo, para impugnar las normas que, consideran, violan sus derechos humanos.

Y es que con la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos artículos de la Constitución —75 y 127—, López Obrador decreta que nadie en la Administración Pública gane más que él. El Mandatario recortó 40 por ciento su sueldo y lo fijó en 108 mil pesos mensuales.

Los afectados establecen que no tienen obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que se asignen a jueces y magistrados federales.

Los jueces, en ese sentido, se vislumbran como el único contrapeso al Ejecutivo federal, en este juego de vencidas donde el tabasqueño ya tiene la mayoría en las dos Cámaras del Congreso, por lo que la oposición política es simbólica.

Además, AMLO envió una terna para cubrir la salida del expresidente de la SCJN. Lo paradójico es que el nuevo titular del Poder Judicial estará a la vanguardia del enfrentamiento con el Presidente de México, pues debe defender la independencia del gremio, mientras jueces y magistrados buscan no ser afectados laboralmente.

Como señal de buena voluntad, el Poder Judicial prepara un Acuerdo General del Consejo de la Judicatura para promover la meritocracia y erradicar el nepotismo.

Y es que muchos mexicanos se sienten agraviados por los elevados sueldos de algunos funcionarios. El problema no es fácil de resolver, pero puede establecerse que los cargos de elección, que no tienen requisitos especiales —edad, no antecedentes penales, registrarse como candidato y ganar comicios— sí pueden tener como límite el salario del Presidente de la República.

Pese a lo anterior, otros servidores públicos deben cubrir requisitos de mayor preparación, como los Magistrados de los Tribunales Superiores y los Ministros de la Corte, además de que pertenecen a órganos constitucionales autónomos. En tal caso la remuneración máxima puede ser diferente a la del Presidente y fijarse conforme a las mejores prácticas internacionales.