Las reformas al sistema judicial permitirían al Senado designar a jueces y magistrados, quitando así atribuciones al CJF a la SCJN

El Ejecutivo enviará hoy al Senado un paquete de nueve iniciativas que dan forma a una reforma al sistema de justicia penal, la cual busca dotar de instrumentos al Estado para un eficaz combate en materia de seguridad pública, y por la cual el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que buscará “un amplio consenso entre las fuerzas políticas”.

Las reformas constitucionales que propone el gobierno federal en materia de procuración de justicia permitirá al Senado de la República designar a jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal.

Asimismo impulsa la autonomía financiera de la Fiscalía General de la República, potencia la figura del arraigo, permite retenciones en casos de urgencia, busca homologar las conductas penales a nivel nacional y elimina la posibilidad de extinguir una sanción cuando el infractor sea menor y cumpla la mayoría de edad.

De acuerdo con el anteproyecto de reformas que se presentará este miércoles en la Cámara alta, los senadores podrán designar a estos jueces y magistrados para un periodo de nueve años, de entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República.

Éstos, conocerán de asuntos sobre hechos que presumiblemente sean constitutivos de delitos contemplados en los Títulos Décimo Primero y Décimo Segundo del Código Penal Nacional, cometidos por sus homólogos al interior del Poder Judicial de la Federación, que se encuentren resolviendo o conociendo un proceso penal federal.

Con lo anterior, el Consejo de la Judicatura perdería la atribución de administración, vigilancia y disciplina, y en cambio, le otorga esta facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Senado de la República.

La administración de estos juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, quedará a cargo de la SCJN, mientras que, la vigilancia y disciplina recaerá en el Senado.

La Constitución permitiría “la intervención de cualquier comunicación privada”, autorizada por la autoridad judicial federal.

Estas disposiciones, agrega, responden a la situación de que “la impartición de justicia no ha dado los resultados esperados”.