Tras revelarse el acuerdo aprobado por el Cabildo del Municipio de Cuatro Ciénegas, que permitirá a sus miembros “retirarse” del servicio público con un jugoso aguinaldo –de 65 días– en el bolsillo, además de un “bono de salida” como recompensa por sus servicios a la comunidad, algunos miembros de dicho cuerpo colegiado han salido a “explicar” lo sucedido.

Como suele ocurrir en estos casos, en los cuales lo que se retrata –sin lugar a dudas– es la voracidad de quienes ocupan un cargo público, los integrantes del Cabildo cieneguense intentan ahora disfrazar su rapacidad de “generosidad” con los empleados manuales del municipio.

Un integrante del Cabildo dijo al respecto que “los más beneficiados serán las personas de campo, los que trabajan en la recolección de basura, en la limpieza, porque los 65 días van parejo para toda la nómina”, explicación que, se supone, debe resultarnos suficiente a todos para no sólo comprender la decisión, sino incluso aplaudirla.

Lejos de tal posibilidad, lo cierto es que no hace falta mayor análisis para dejar claro que se trata de una afirmación falsa: los empleados “de a pie” del municipio de Cuatro Ciénegas –y de cualquier municipio del País– nunca serán “los más beneficiados” con una decisión como ésta, simple y sencillamente porque sus salarios distan mucho de ser equiparables a los de quienes ocupan los puestos de la parte alta del organigrama.

Por otro lado, no hace falta sino realizar una pregunta para desmontar la pretendida “magnanimidad” de los ediles con el personas de menores ingresos del municipio: la regla para el cálculo del aguinaldo, ¿ha sido la misma durante los cuatro años de la administración, u obedece al hecho de que es la última vez que los integrantes del Cabildo lo cobrarán?

La explicación, pues, lejos de servir para aminorar el reclamo frente a un acto indigno, tan sólo refuerza la idea de que las instituciones responsables de combatir la corrupción deben tomar cartas de inmediato en el asunto para evitar que se consume este auténtico ataque a las arcas públicas.

De paso, como se ha señalado con anterioridad, es necesario que se realicen verificaciones en el resto de los municipios de la entidad, a fin de garantizar que “el año de Hidalgo” no se convierta en oportunidad para que todo mundo meta mano en la caja antes de retirarse del cargo.

Porque contrario a lo dicho por uno de los ediles cieneguenses –de acuerdo con las versiones que circulan– no se trata de que “quien no quiera el dinero que no lo agarre”, sino de dejar claro –de una buena vez– que los funcionarios públicos que tienen bajo su resguardo las arcas públicas no pueden disponer libremente de los recursos que se encuentran en estas y que si lo hacen deben atenerse a las consecuencias.

Para quienes integran el Sistema Estatal Anticorrupción, esta constituye una magnífica oportunidad para demostrarles a los ciudadanos que el combate a las prácticas indebidas en el servicio público va en serio y que no se tolerarán más los excesos, ni la preservación de “tradiciones” como la del “año de Hidalgo”.