Pocos se atreven a negar que las redes de corrupción y la impunidad que las cobija han invadido nuestras instituciones públicas tanto en el ámbito federal, como en el local. El modelo institucional para combatir y corregir la corrupción que diseñó el Legislativo en 2015 planteó que se construyera un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y estableció como novedad que un Comité de Participación Ciudadana, seleccionado por ciudadanos, estuviera a la cabeza, con facultades precisas para vigilar su funcionamiento. Para que de verdad sea nacional, este esquema debe replicarse en cada entidad federativa, conformando un sistema local anticorrupción y la fecha límite para que entre en operación todo el conjunto del SNA es el próximo 18 de julio.

Sabemos bien que las deficiencias estructurales de nuestro federalismo hacen que las resistencias tanto normativas como de operación del SNA sean particularmente fuertes en el ámbito local. Esto no significa que los funcionarios públicos federales estén más dispuestos a someterse a ser investigados y eventualmente sancionados por actos de corrupción, sino simplemente que están más expuestos a la crítica social y política. 

En mi opinión, la debilidad institucional que está en la base de la corrupción y la impunidad en México se acentúa en el ámbito local debido a tres razones: 1) las muy deficientes capacidades institucionales, 2) una insuficiente masa crítica ciudadana y 3) la falta de independencia de los medios de comunicación respecto de los poderes públicos.

Por ello, es relevante el trabajo que han desarrollado Transparencia Mexicana, IMCO y la Coparmex para apoyar y monitorear el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción. Después de elaborar una Ley Modelo que sirva de guía para los Congresos locales, en febrero pasado armaron un semáforo anticorrupción para darle seguimiento al desarrollo normativo y a la construcción de dichos sistemas locales, a fin de asegurar que estén alineados al diseño federal.

Es preocupante el informe sobre los avances de tales sistemas que, en días pasados, presentaron estas tres organizaciones, porque además de que muestra que hay un gran retraso en la emisión de las reformas constitucionales y las leyes locales anticorrupción, evidencia que hay fallas importantes en las que ya se aprobaron. Hasta ahora, sólo 10 estados cuentan con una reforma constitucional anticorrupción que sea satisfactoria; en tres estados (Jalisco, Morelos y Veracruz) las reformas existen, pero no están en sintonía con la federal y en cuatro estados más (Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco) ni siquiera existe aún una iniciativa de reforma. Una de las fallas más comunes que se presentan es que los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana no son nombrados por ciudadanos, sino por el Congreso local y que no poseen las mismas atribuciones que en el plano federal, lo cual trastoca la esencia del sistema.

El semáforo muestra que el retraso abarca por igual a las leyes locales anticorrupción, ya que sólo Chiapas, Nayarit y Puebla cuentan con una ley estatal satisfactoria y 15 entidades carecen por completo de dicha norma. Esta lista revela que la renuencia para aprobar las leyes necesarias en materia anticorrupción no distingue entre partidos políticos, ya que dichas entidades están gobernadas igual por el PRD (Ciudad de México y Tabasco), que por el PAN (Durango, Baja California y Veracruz) y el resto por el PRI. Es urgente que nuestra clase política se tome en serio el mandato constitucional, en el entendido de que sin buenas leyes difícilmente será posible desmantelar las redes de corrupción que tanto indignan a la ciudadanía. Pero sólo es el primer eslabón, porque buenas leyes no se traducen de inmediato en buenas prácticas. El monitoreo ciudadano deberá seguir activo.

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