La complejidad del mundo actual sin duda exige que las instituciones del Estado se transformen y desarrollen habilidades que permitan hacer frente a fenómenos que hasta hace pocos años no existían pero han sido detonados, sobre todo, por efecto de la modernidad tecnológica.

En este contexto, uno de los fenómenos que demanda el desarrollo de mayores capacidades institucionales es el de la delincuencia, particularmente en lo que hace a la fórmula que a nivel global se considera más eficaz para combatirla: seguir el rastro del dinero.

Y en el proceso de desarrollar capacidades institucionales, sin duda la palabra clave es “inteligencia”. Por ello debe darse la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de Coahuila de construir una “Unidad de Inteligencia Financiera Estatal”, a semejanza de la dependencia con la cual cuenta el Gobierno de la República y se ha revelado como el principal instrumento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción.

Sin embargo, crear la estructura jurídica y material para que una entidad pública como esta exista -en cualquier estado de la República- no es suficiente para garantizar que su operación se traducirá efectivamente en resultados concretos que el ciudadano pueda reconocer y celebrar.

Que la expectativa de éxito de una unidad como ésta alcance sus mayores niveles requiere, necesariamente, que de las reglas con las cuales vaya a operar se elimine la discrecionalidad, sobre todo en la designación de quienes estarán a cargo de la institución, comenzando por su titular.

El comentario viene al caso porque, al mismo tiempo que oficializó la creación de la UIF coahuilense, el Gobernador de Coahuila anunció que al frente de la misma estará Jorge Luis Morán Delgado, quien ya se ha desempeñado como funcionario estatal y cuyo paso por el servicio público ha estado envuelto en la polémica, para decirlo con los términos más suaves.

¿Qué credenciales resultan obligatorias para alguien que tendrá a su disposición información sensible? ¿Qué garantías de solidez personal y trayectoria debe tener?"

No se trata de descalificar a priori a quien ya ha sido “designado” por la voluntad del titular del Ejecutivo Estatal, sino de poner el acento en un aspecto puntual: si lo que se pretende es generar confianza en la naciente institución, lo deseable habría sido que antes de señalar un nombre, se hubiera definido el perfil del puesto.

¿Qué características debe poseer quien se haga cargo de una institución como esta? ¿Qué credenciales resultan obligatorias para alguien que tendrá a su disposición información sensible de los ciudadanos coahuilenses? ¿Qué garantías de solidez personal y trayectoria profesional debe ofrecer la persona responsable de apoyar el combate a la corrupción y la delincuencia?

Haber respondido a tales interrogantes antes de anunciar un nombre habría sido, sin duda, una mejor fórmula para que el anuncio de la creación de la UIF estatal concitara la aprobación general de la sociedad y se percibiera tal hecho como un mensaje claro en la dirección correcta.

La ruta escogida en este caso se encuentra muy lejos de cumplir con tales expectativas y la trayectoria personal de quien será el nuevo funcionario convoca más a la desconfianza que al entusiasmo.