ASE: ¿es aún un instrumento político?

La existencia de mecanismos para fiscalizar el gasto público y asegurar la existencia de un sistema de rendición de cuentas no tuvo, al menos no en principio, la intención de garantizar el manejo pulcro de los recursos colectivos, sino la de asegurar la “lealtad” de los gobernantes y funcionarios al poder central.

La evidencia más importante respecto de la certeza de la afirmación anterior, es la que ha estado siempre a la vista de todos: la extendida -y tolerada- práctica de corrupción en el sector público.

En efecto, como se ha documentado hasta la saciedad a través de los medios de comunicación, la lista de individuos a quienes repentinamente “les sonríe la fortuna” -curiosamente a partir de que ocupan una posición en el servicio público- es muy larga.

Pero además de la “prosperidad” que aqueja a ciertos funcionarios, el otro signo que deja claro cómo los instrumentos de fiscalización no tienen por objeto garantizar la honestidad de los servidores públicos es el hecho de que, a pesar de las denuncias, a los individuos corruptos no les pasa absolutamente nada.

Difícil resulta creer, frente a tales evidencias, que la rendición de cuentas sea una vocación de nuestra clase política y que las constantes modificaciones y adiciones que a la normatividad en la materia se realizan tengan su inspiración en la idea de garantizar el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas.

Pero más difícil resulta aún creerlo cuando publicamos reportes periodísticos como el que incluimos en esta edición, relativo a la existencia de procesos de revisión de cuentas públicas que datan de hace tres lustros o más.

¿Por qué permanecen en la “congeladora” los expedientes de cuentas públicas que en su momento no fueron aprobadas por el Congreso del Estado?

La respuesta a la interrogante anterior solamente la conocen en la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local, pues la responsabilidad de desahogar tales pendientes recae justamente en tales entes. Cabría esperar en este sentido que los responsables de ambas dependencias ofrezcan una explicación para entender un fenómeno que se antoja absolutamente irregular.

Pero mientras la explicación llega, resulta válido cuestionar si las razones detrás de esta dilación pueden ser de carácter técnico o si, por el contrario, obedecen solamente a criterios políticos.

Parece claro, por lo menos, que las razones para el rechazo de las cuentas públicas fue, en su momento, un asunto de carácter político, pues si hubiera sido producto de consideraciones técnicas entonces tendría que haberse actuado en consecuencia y no simplemente dejar en el olvido los procedimientos.

Y si ello fue así, y después nadie se ha ocupado de cerrar los ciclos, entonces surge la duda respecto de si, como ocurrió desde su creación, el órgano superior de fiscalización del Estado no sigue siendo más que un instrumento de control político.