Austeridad: el doble discurso de los partidos

Uno de los discursos más socorridos por los dirigentes, militantes distinguidos y funcionarios de cualquier partido político en México es el relativo a la austeridad. A la menor provocación, nuestros políticos “reclaman” los excesos de sus oponentes y plantean fórmulas para reducir el gasto superfluo.

Pero todo el discurso partidista se evapora en cuanto se debe hacer caso a la voz popular que advierte con tino que “el buen juez, por su casa empieza”. Llegados a este punto, a los políticos de todos los signos ideológicos les sobran argumentos para justificar sus propios gastos.

Y el mejor ejemplo de ello es el gasto electoral. Integrado, sobre todo, por las prerrogativas que los partidos políticos reciben, el costo de las elecciones difícilmente registra reducciones.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al costo que tendrá el proceso electoral de Coahuila del próximo año y que arrancará formalmente dentro de unas horas.

De acuerdo con los presupuestos aprobados para las dos instituciones electorales locales -el Instituto y el Tribunal electoral- en 2020 se gastará en Coahuila, en términos reales, casi la misma cantidad que hace tres años se erogó para elegir a un mayor número de representantes populares.

En 2017, como se recordará, los coahuilenses fuimos llamados a las urnas para elegir Gobernador, diputados locales y ayuntamientos. En términos estrictos, se realizaron 55 elecciones, correspondientes a 38 ayuntamientos, 16 distritos electorales y una gubernatura. En 2020 sólo se realizarán 16.

Pese a ello, el presupuesto aprobado para organizar y sancionar las elecciones del próximo año es de 423 millones de pesos contra 402 que se presupuestaron en 2017. Esto implica que, en términos reales, el costo de las elecciones de 2020 será casi el mismo que el de las de 2017.

¿Por qué se gasta casi la misma cantidad de dinero si habrá menos elecciones y eso debería implicar que el costo disminuyera?

Una parte importante de la respuesta tiene que ver con el hecho de que las prerrogativas que se entregan a partidos políticos son definidas por ellos mismos, pues se calculan con base en una fórmula contenida en el artículo 58 del Código Electoral del Estado.

Dicha fórmula establece dos elementos esenciales para el cálculo: el número de electores inscritos en el padrón electoral y el monto del salario mínimo diario vigente en la entidad. Y como se ha informado con profusión, el salario mínimo lleva dos años consecutivos de incrementos más allá de la inflación.

Las dirigencias de los partidos políticos han tomado nota de este último dato, desde luego, pero han decidido convenientemente no decir nada al respecto porque les conviene, pues los históricos incrementos aprobados al salario mínimo se han traducido en un abultamiento de sus carteras.

Porque, como dijimos al principio, en materia de austeridad, los partidos mexicanos sólo escuchan el refrán que les conviene. En este caso, el que advierte que siempre será mejor “que se haga la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”.