Al arranque del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto los secuestros se dispararon como nunca antes. Ante ello, el Gobierno optó por maquillar las cifras.

Lo hizo de la siguiente manera: en 2013 y 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dejó de contabilizar los secuestros denunciados o reportados a las autoridades federales, y sólo contó aquellos que eran llevados ante las autoridades locales. Consultada para esta columna, la Comisión Nacional de Seguridad aceptó esta distorsión estadística.

No sólo sucedió con los secuestros: las presentaciones oficiales de “lo bien” que iba México en materia de combate a la delincuencia incluían también esta trampa aritmética en robos, homicidios, extorsiones. Unos 100 mil delitos por año que fueron escondidos.

Así de flagrante. Así de escandaloso.

De esta manera, durante 2013 y 2014 para el Gobierno Federal un secuestro sólo contaba en las cifras oficiales cuando era notificado a una autoridad local. Pero si era reportado al Ejército, la Marina, el Cisen, la PGR o la Policía Federal ese secuestro no existía en las estadísticas.

Ante ello, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a dar seguimiento a las políticas gubernamentales sobre seguridad lanzaron una campaña para exhibir la incongruencia de los datos oficiales… y tuvieron éxito: a partir de enero de 2015, el SESNSP volvió a contabilizar como secuestros aquellos que se denuncian ante las autoridades federales.

Aquí caben dos paréntesis: el primero es que para tener un pulso de la realidad criminal, hay que sumar la llamada “cifra negra”, los secuestros que son negociados por particulares sin notificar a ninguna autoridad, pero de ellos sólo existen estimaciones, más no datos científicamente comprobables; y el segundo es que organizaciones como Alto al Secuestro y Observatorio Nacional Ciudadano siempre reportan más secuestros que los que acepta la autoridad federal como dato oficial.

De tal manera que según los números que da a conocer periódicamente el SESNSP, Felipe Calderón dejó su mandato en 2012 con 2,096 secuestros ese año. Peña Nieto reportó haberlos bajado a 1,689 en 2013 y 1,394 en 2014, pero ya sabemos que estas dos son cifras ficticias. 

La semana pasada, la Secretaría de Gobernación difundió en un comunicado que los secuestros habían bajado 27% en el periodo enero-noviembre de 2015 comparado con los mismos 11 meses de 2011. Sin embargo, lo que reporta en realidad es que bajaron en ese porcentaje los secuestros de los que tuvieron conocimiento las autoridades locales. 

Según la página web del SESNSP entre enero y noviembre se registraron 947 secuestros reportados a los estados más 428 llevados a las instancias federales. En total, 1,375.

Sólo los 947 se comparan con los 1,311 del 2014. Datos estatales contra datos estatales. 

Es decir, el 27% de disminución no incluye los secuestros reportados federalmente porque no habría modo de comparar 2015 con 2014, debido a que no hay datos oficiales del año pasado.

¿Bajaron los secuestros? No se puede saber a ciencia cierta porque la realidad no es fragmentaria. Y las víctimas no sufren menos en función de qué dependencia investiga su caso.