Los anuncios panorámicos que reciben al viajante en territorio coahuilense señalan que en esta entidad las bolsas plásticas son, al igual que el “beso en la boca” –y me refiero a la canción, no al beso en sí– cosa del pasado.

Se presume ello como una acción gubernamental, ergo, tiene valor como logro de esta administración.

Y yo me sigo preguntando qué valor puede haber en esta información, para locales o foráneos, que justifique la impresión, colocación y renta de dicho espacio publicitario (¡puro gasto a lo pendejo, nomás!). Más útil sería –no sé– avisarles a los turistas que no contamos con table dance ni casinos, así podrían decidir oportunamente, si llegan, regresar por donde vinieron o buscar otro destino mejor.

Sucede que al igual que los antros con profesionales del tubo y las casas de apuestas, el estado proscribió las bolsas de plástico en la idea de que así nos hace un favor y que a la larga se lo hemos de agradecer (yo no sé si un día vayamos a expresarles gratitud, pero por lo pronto su madre no se escapa de nuestra evocación cada vez que estamos pagando en caja y nos recuerdan que vamos a tener que cargar todas nuestras compras a mano limpia).

Lo hemos reflexionado ya en incontables ocasiones. Tal es la manera en que nuestros gobiernos lidian con los problemas: primero los someten a discusión parlamentaria, se elaboran iniciativas –muchas de éstas pirateadas– entran en el limbo de las comisiones, pasa un año, pasan dos… pasa una Legislatura y un sexenio.

Cuando finalmente alguien alumbra la idea más absurda e impráctica, resta tan sólo verificar si la implementación de ésta le afecta a nuestra clase política en alguna manera.

Y ya cuando se cercioran de que ellos no serán incomodados en ninguna forma, que los únicos afectados seremos los ciudadanos, se promulga una nueva ley o reglamento que no es como que vaya a solucionar el problema original, sólo lo transfieren al ámbito de la responsabilidad civil, pero ellos pueden pararse el cuello aduciendo que toman decisiones sensatas y acciones valientes en aras del bien común, y así presumirlo en anuncios panorámicos que reciben al viajante en la carretera.

Sucedió en Puebla que un restaurante despidió a un mesero supuestamente por obsequiar un vaso de agua a un chiquillo. El ahora exempleado utilizó el poder de las redes sociales para quemar al changarro en cuestión y le resultó bien, ya que las expresiones de repudio para el establecimiento no se hicieron esperar.

Hay algo que yo no concibo y no es el hecho de que un restaurante esté operado por gente tan mezquina (eso no sorprende a nadie), sino que un niño ande tan sediento en pleno centro de una de las ciudades más importantes del País (bueeeeno… dejémoslo en Puebla).

También lo hemos dicho aquí hasta la saciedad: si los gobiernos locales pusieran el ejemplo colocando bebederos en espacios públicos (incluyendo dependencias) y exigieran a su vez a los constructores y propietarios a equipar de esta manera los centros, plazas y corredores comerciales (y a ofrecer agua gratuitamente en los establecimientos de comida), pues… no sé si se solucionarán todos nuestros problemas de la noche a la mañana, pero tendríamos algo con qué encararlos mejor.

Es decir, sería una medida ambiental de mayor impacto que la erradicación de las bolsas y la gente tendría la opción de beber agua antes que una bebida azucarada. Pero como señalábamos líneas arriba, el gobierno busca siempre transferir la responsabilidad al ciudadano (que también tiene que hacer su parte, no lo niego), antes que obligarse a cubrir ciertos parámetros de calidad o incomodar a los grupos empresariales.

Muy a propósito de responsabilidades, los ciudadanos acabamos de experimentar un doloroso revés, luego de que la autoridad suspendiera provisionalmente los beneficios de una batalla legal que parecía ganada: la de un nuevo etiquetado que obligue a los productores a mostrarle al consumidor claramente el valor nutricional y calórico de alimentos y bebidas empacados.

Los empresarios encontraron el vericueto legal para dilatar lo que parecía una ordenanza inminente, la de informarnos clara y llanamente qué nos estamos zampando al consumir sus productos.

El futuro de la Salud Pública en México es, en el mejor de los escenarios, incierto. No sabremos si habrá de prosperar el Instituto de la Salud para el Bienestar (no me canso de decir que es un nombre de los más pendejo), o habremos de regresar al Camote Popular. ¿Sobrevivirán IMSSS e ISSSTE? ¿Les regresarán sus aportaciones a los trabajadores del magisterio? ¿Será este el fin del Hombre Araña?

Si los Gobiernos locales y Federal quisieran aligerarse un poco la carga en salud pública relativa a enfermedades vasculares y degenerativas, si entendieran que a largo plazo es en efecto mucho mejor prevenir, tal vez desde hace años habrían obligado a las cámaras de la industria alimenticia a informarnos puntualmente y con diáfana claridad sobre la calidad de sus productos y nos tendrían a mano un trago de agua antes que una gaseosa.

Esas son las batallas que como ciudadanos deberíamos librar, ganar y asegurarnos de que sus resultados se acaten.

La psicosis del coronavirus es de risa loca en un País de diabéticos para el que no habrá sistema de salud que alcance si no tomamos ya mejores decisiones concernientes a lo que consumimos.

Pero nuevamente, los intereses privados volvieron a doblegar al interés público y a nuestros representantes que muy poca diferencia hacen si son de la actual Transformación –que nació decrépita–, o de la más rancia procedencia neoliberal.