No es ninguna novedad decir que nuestro sistema electoral está construido sobre bases de desconfianza. Los diagnósticos que existen respecto del barroquismo de nuestra normatividad electoral son múltiples, y no requieren de mayor argumentación.

En este sentido, a nadie puede extrañarle que el Instituto Electoral de Coahuila haya anunciado la instalación de un mecanismo que permite a los ciudadanos “vigilar”, de forma permanente y en tiempo real, las poco más de dos millones y cuarto de boletas electorales a utilizarse en las elecciones municipales del próximo 1 de julio.

El sistema de monitoreo, al cual puede accederse vía web, aparentemente ofrece la posibilidad de monitorear en forma permanente el lugar donde se encuentran depositadas las boletas, a través de nueve cámaras, aunque al momento de cerrar esta edición sólo podían verse seis de estas.

La idea no es mala en sí misma, y eso debe decirse desde el principio. El problema es que no esté perfectamente claro lo que dicha medida persigue y que al final todo el esfuerzo –y el dinero que eso cuesta– termine yéndose por el resumidero, debido a que cualquier otro error arroje nuevamente la sombra de la sospecha sobre los procesos electorales.

Porque no es esta la primera ocasión en la cual se instrumenta una medida similar, tampoco sería la última en la cual, con todo y eso, el trabajo de las autoridades electorales terminara desacreditado.

Más que cámaras que transmitan de forma permanente, lo que los ciudadanos necesitamos son autoridades cuya actuación devuelva la certeza de los procesos electorales"

Y es que, al final de cuentas, la credibilidad de los órganos responsables de organizar las elecciones no puede depender de la existencia de una cámara de circuito cerrado, que transmita una señal de forma ininterrumpida.

De hecho, quienes organizan las elecciones podrían ahorrarse el dinero que gastan en contratar una empresa para realizar dicha tarea y, aún así, gozar de la confianza de los ciudadanos. Porque la confianza no depende de la tecnología sino de la consistencia de los actos de las personas.

De poco –o nada– sirve que los ciudadanos puedan atestiguar 24/7 la forma en la cual son resguardadas las boletas y armados los paquetes electorales, si la desconfianza puede ser demolida a la primera declaración –responsable o irresponsable– de cualquiera de los actores políticos.

Por ello, más que cámaras que transmitan de forma permanente, lo que los ciudadanos necesitamos son autoridades cuya actuación sea capaz de devolverles la certeza de que los procesos electorales constituyen un auténtico ejercicio de participación ciudadana.

Por otro lado, las imágenes que pueden verse por medio de un navegador web no dicen nada por sí solas. Haría falta, adicionalmente, que los ciudadanos tengan información puntual respecto de qué es lo que están viendo en sus pantallas y que conozcan los distintos mecanismos de seguridad utilizados para garantizar la legalidad de los comicios.

Sin duda, habrá que asumir que la colocación de cámaras y la transmisión de sus imágenes de forma continua es un acto de buena fe del IEC. Pero también es indispensable decirle a la autoridad que tal hecho por sí sólo no implica que los ciudadanos abandonarán la posición de desconfianza, con la cual ven los comicios y que se ha construido a partir de los desatinos de la autoridad.