Buscan castigar negligencia de funcionarios públicos por denuncias de violencia o desaparición en Coahuila

En Coahuila se busca castigar a los servidores públicos que no atiendan, retarden o nieguen el auxilio a personas víctimas de violencia o sean negligentes ante la denuncia de su desaparición, señaló Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

El legislador udecista dijo que hay una iniciativa para establecer esto en el Código Penal de Coahuila.

“Desde el momento en que se reporta una desaparición, cada segundo empieza a contar y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por ello, la indiferencia o la dilación en la acción, la parsimonia y la negligencia no se deben tolerar, al contrario, se deben castigar con todo el peso de la ley”, consideró.

Explicó que con esta iniciativa se pretende tipificar esta indiferencia, esta negligencia, como abandono de persona incapaz de valerse por sí misma.

“Porque desde el momento en que una persona se encuentra privada de su libertad y sometida, naturalmente se encuentra también incapacitada en ese momento de valerse por sí misma y necesita de la acción inmediata del Estado para resguardar su vida, su integridad, su salud y recuperar su libertad”, añadió de Hoyos Montemayor.

Abundó que la iniciativa busca proteger a todas las personas en general que han sido víctimas de la indiferencia de la autoridad, sobre todo los casos de mujeres, a quienes más beneficiará esta propuesta.

“Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas es una responsabilidad compartida que nos convoca a la acción a todos los miembros de la sociedad, cada uno desde sus trincheras” agregó.

Especificó que propuso establecer en al artículo 211 del Código Penal de Coahuila, una agravante dentro del delito de Abandono de persona incapaz de valerse por sí misma.

Dijo que esta agravante castigara a quién obligado por razón de su empleo y ejerciendo funciones de seguridad pública, no atienda inmediata e idóneamente, o retarde o niegue un requerimiento de ayuda o auxilio solicitado por cualquier persona, siempre que de los hechos denunciados se advierta riesgo de pérdida de la vida, libertad o daño a la integridad física de una o más personas.