Búsqueda de desaparecidos en Coahuila: El gobierno gasta recursos, sin entregar resultados

Esmeralda Sánchez / Border Hub

* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Desde el 2010 la crisis por las desapariciones en Coahuila no ha tenido fin ni descanso. Por más de una década, las familias de este estado se han convertido en buscadores, recorriendo campos abiertos y desenterrando cualquier tipo de hueso que encuentren. Tan solo a finales de 2017 se calculaba que había 18 mil 700 víctimas indirectas por desaparecidos en la entidad, de acuerdo con el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Lorena Amabilia Vallejo Vázquez, madre de Cristian Daniel Mundo Vallejo y originaria de Piedras Negras, es uno de los miles de retratos de esta tragedia. Su hijo, de entonces 18 años, desapareció en octubre de 2011; tres meses después supo que su cuerpo estaba en la fosa común del Panteón La Paz en Saltillo, pero eso no se lo devolvió. “Nomás me daban falsas esperanzas, que en un mes, que ya pronto…”, cuenta Lorena. Las autoridades la trataban bien, incluso la invitaban a las mesas de coordinación forense con el Gobernador. “Yo sentí que nomás me traían ahí para cubrir los espacios que ellos querían”. Ese ir y venir duró nueve años.

En noviembre de 2017, el gobierno de Coahuila les prometió una luz al final del camino a los coahuilenses que buscaban a sus desaparecidos y con bombo y platillo anunciaron la creación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense (PEEIF). Su objetivo: dar respuesta “a la emergencia humanitaria del fenómeno de la desaparición en Coahuila”; su presupuesto de inicio fue de 16 millones de pesos.  Pero esta ilusión se desvaneció pronto para cientos de familias.

De acuerdo con un análisis hecho a través de más de 50 de solicitudes de información, se encontró que después de tres años, esta iniciativa se compone principalmente de cifras que no cuadran en cuestión del número de desaparecidos en el estado, un número mínimo de identificaciones de restos, fallas en las exhumaciones, un aumento en el registro de cuerpos sin identificar, falta de información acerca de las fosas clandestinas en la entidad y poca transparencia sobre el uso del dinero. A pesar de esto, el gobierno del estado sigue pidiendo, y recibiendo, más recursos para continuar con el Plan.

Incluso, la organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con sede en Piedras Negras, y quienes participaron en la elaboración de la iniciativa, se levantó de la mesa al momento de la aprobación. ¿La razón? inconsistencias jurídicas que no estaban apegadas a la realidad de lo que podía hacerse, explica Ariana Denise García Bosque, asesor jurídico del organismo.

Para muchas familias esto solo fue un plan de papel.  “Estaba todavía Rubén Moreira y después de la administración de su hermano él tuvo la necesidad de legitimarse y aceptó trabajar con las familias e iniciar proyectos que pudieran tenerlas menos enojadas”, dice Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en el municipio de Ramos Arizpe hace ya 14 años.

Cumplimientos al mínimo y exhumaciones sin protocolos

Los desaparecidos y los restos sin identificar se siguen apilando en el estado de Coahuila. El Plan estatal que prometió darle un nombre a los cuerpos que estaban en las fosas comunes comenzó en 2017 y hasta finales de 2020 sólo habían logrado la identificación plena de 13 personas, de las cuales 12 fueron entregadas a sus familiares, de acuerdo con datos de la  Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila y el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y en Coahuila (FUNDEC). Todo esto al mismo tiempo que el registro de desapariciones pasó de 5,251 a 5,847 desde que inició el Plan hasta septiembre de 2020, según datos obtenidos vía solicitudes de información. Y los últimos informes oficiales hablan de un total de 6,080 desaparecidos.

La razón de que este resultado apenas rebase la docena de identificaciones es escueta por parte de las autoridades. “Las identificaciones fueron producto de una hipótesis que se pudo comprobar y que dio rumbo para conocer su identidad [...] En el resto no existe una hipótesis de identificación… es decir, con qué familia contrastar la información del cuerpo, entonces no tenemos precisamente la posibilidad de hacer la identificación”, explicó Jesús Fernando González Lozano, Coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones y subdirector de Unidades de Investigación.

Y aunque se tienen 298 muestras de referencia de ADN, según el Centro Regional de Identificación Humana, todas recabadas de familiares en una reciente exhumación masiva en Torreón, esto parece insuficiente para conocer la identidad de los cadáveres que sacan de las fosas, pues se requiere como mínimo que cuatro familiares de la persona desaparecida aporten su muestra para hacer los cruces y garantizar la identificación, explica Blanca Isabel Martínez Bustos, Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan De Larios. Esto se traduce en algo simple pero trágico para las familias, pues de los 887 cuerpos que Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de Búsqueda, asegura están en las fosas comunes de los panteones municipales, solo hay 74 que podrían ser identificados, sin contar los extraídos en la última exhumación de marzo de 2021.

En los últimos días de 2019, el Panteón La Paz en Saltillo fue el escenario de la primera exhumación masiva en el estado, 53 cuerpos salieron de esa gran tumba. Pero esto no fue resultado del PEEIF, ni del gobierno estatal, sino de Lorena Amabilia, quien se apostó a las afueras del panteón y prometió no moverse de ahí hasta que le entregaran los restos de su 

hijo. Ya habían pasado siete años desde que Lorena sabía que el cuerpo de Daniel estaba en esa fosa común y hasta ese entonces la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila no había hecho nada para que la Fiscalía General de la República (FGR) le devolviera a su hijo.

La falta de coordinación entre ambas instancias dio como resultado que muchos de los restos que fueron extraídos en esa primera ocasión sigan sin ser identificados, ya que aunque hubo  apoyo estatal, el operativo fue realizado por la FGR y la información no ha logrado fluir en su totalidad.

Hasta finales de 2020 el número de exhumaciones aún tenía registros muy por debajo de lo que se prometió al inicio del Plan Estatal, pues sólo se habían realizado 87 en casi tres años, es decir menos de 3 por mes. Y la promesa inicial, al menos para 2018, era de realizar 48 exhumaciones, es decir, un promedio de cuatro al mes, de acuerdo con información obtenida vía transparencia para esta investigación.

A pesar de que para el primer trimestre de 2021 se recuperaron  148 cuerpos, después de que el 8 de marzo se realizó la segunda exhumación masiva en la entidad en el Panteón 2 de Torreón, esta es una tarea que lleva tal nivel de retraso que parece muy complicado llegar a números positivos. Incluso, aunque se  rebasó la meta inicial de 116 cuerpos recuperados en Torreón y se cumpla la continuidad  este año en el Panteón 1 de la misma ciudad y el Panteón La Paz de Saltillo, todavía se está lejos de abatir el rezago, pues en cada operativo la cifra ha sido mayor a la que se tiene en los registros, acepta Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de Búsqueda de  Coahuila.

Además, todas estas acciones al final no han logrado traducirse en lo más importante para las familias: la identificación. “El objetivo no es exhumar: es identificar y regresar a casa”, asegura  Blanca Martínez. La cifras muestran que a pesar de que se aumentó la exhumación, las acciones de identificación no llevan el mismo ritmo, de los ya  245 cuerpos recuperados hasta el  26 de marzo, sólo 97 contaban con análisis médico forense, antropológico, odontológico y de criminalística pero aún faltan algunos del análisis genético, según la información de FUUNDEM-FUUNDEC.

A esto se le suma la falta de protocolos al momento de abrir estas fosas, pues la mayor parte de los cuerpos están sujetos a una carpeta de investigación o averiguación previa y cuando los sacan de su sitio es algo que debería constar en las actas, es decir, especificar que se está haciendo un movimiento, porque de otra forma se pierde el hilo de dónde quedan y es la forma recurrente de desaparecer un cuerpo, explica Ariana García, representante jurídica de los colectivos y quien lleva más de dos décadas atendiendo estos casos.

Cifras imprecisas

Al arranque del Plan Estatal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila tenía un reporte de 5 mil  251 personas desaparecidas acumuladas de 2001 a 2017. De estas, mil 876 continuaban en calidad de desaparecidos. En 2020, la Fiscalía presentó en su tercer informe de actividades una nueva cifra: 6 mil 80 desaparecidos, lo cual ahora abarcaba de 2001 a 2020, y de las cuales 2 mil 249 aún no habían sido localizadas. Esto significa que 373 coahuilenses se sumaron a esta terrible lista, de acuerdo con un análisis hecho a partir de los datos obtenidos vía transparencia.

Para esta investigación se hicieron docenas de solicitudes de información en las que se pidieron cifras de denuncias, desapariciones y localización de personas en el estado, esto con el objetivo de analizar el impacto del Plan Estatal en esta problemática, y al cruzar estas cifras se logró determinar que, en el periodo exacto de noviembre de 2017 a septiembre de 2020, se presentaron un total de 2 mil 472 denuncias por personas desaparecidas, las cuales representan un total de 5 mil  847 desapariciones. De estas, 2 mil 151 aún no habían sido localizadas, según la información obtenida vía transparencia.

Estas últimas cifras son diferentes a las que la Fiscalía General presentó en su último informe, a diciembre de 2020;  ahí reportan  6 mil  80 desapariciones y de estas 2 mil  249 sin localizar. Aunque este reporte tiene un trimestre más, este dato es uno de los más relevantes para determinar los pasos a seguir en el Plan Estatal de Exhumación ;  pero hacer un conteo de los informes anuales de la FGE de Coahuila resulta casi imposible. En cada uno de los reportes cambian los criterios que se hicieron públicos, se tienen cifras desagregadas por denuncias en el año y de años anteriores, pero no se especifica si estas fueron agregadas en los informes nuevos. Además, todo este baile de cifras proviene de una misma fuente: la Fiscalía del estado.

Durante un mes se buscó a la Fiscalía General del Estado, incluidas sus Fiscalías Especializadas, con el objetivo de aclarar  estas cifras, pero hasta el cierre no se obtuvo respuesta.

El Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, otro de los objetivos de este Plan, tampoco está completo. De acuerdo con una solicitud de información, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Coahuila tenía un avance del 80 por ciento en su conformación hasta agosto de 2020, debido a que este se alimenta de los datos que proporcionan las dependencias que se encargan de la investigación del delito y reciben las denuncias por esta causa.

Según su titular, Ricardo Martínez Loyola, el motivo es que se sigue alimentando, “eso nos va a tomar un tiempo más”, y es que según explica, existen campos entre las bases de datos de la FGEC y el registro de la CEB que no son coincidentes, como las personas que denuncian, persona que levanta el reporte y las víctimas indirectas.

Según sus propios datos, obtenidos vía transparencia, la Comisión tenía un registro de 527 personas desaparecidas de noviembre de 2017 a septiembre de 2020, una cifra muy por debajo de la Fiscalía; pero a decir de su titular, esta diferencia si bien existe, actualmente es de apenas algunos cientos de personas.

“Ahorita llevamos 2 mil 278 me parece hasta el último corte que teníamos y estos siempre son variables, pueden variar de un mes a otro hasta en 30 personas”.

La crisis de los cuerpos sin identificar

Tanto en el Plan Estatal como en el Informe 2019 de la FGEC, se especifica que el estudio estadístico para realizar el PEEIF daba cuenta de 544 cuerpos sin identificar en panteones municipales hasta noviembre de 2017; dos años después, esta cifra subió a 732, es decir 188 más, y la Comisión Estatal de Búsqueda afirma que ya se tienen 887.

Para contrastar esta información, se solicitó vía transparencia a todos los ayuntamientos donde se han exhumado cuerpos su base de datos de fosas comunes. De los siete, sólo Ramos Arizpe y Torreón otorgaron listas, en el primero se informó de 23 cuerpos, de los cuales sólo uno fue entregado, y el segundo reportó un total de 336 cuerpos; 27 están identificados al menos con un nombre y en 83 de los registros la fecha de inhumación no está legible. Esta información se encuentra en una base de datos hecha a mano, hasta ahora no hay nada digitalizado.

El Ayuntamiento de Piedras Negras negó en un principio la información, pero luego de un recurso de revisión facilitó registros de sus 4 panteones. Sin embargo, la solicitud expresa fue cuerpos que se tuvieran en la fosa común, y la respuesta fue una lista de 118 cuerpos perfectamente identificados.

*NOTA: Según la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila, para marzo de 2021 ya eran 887. Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estados de Coahuila, informe 2019

Otra de las inconsistencias fue la reportada por el municipio de Acuña, pues respondieron que ninguno de los dos panteones  cuenta con fosas comunes, a pesar de que la Coordinación Estatal, y en el Primer Informe (2018) de la Fiscalía General de Coahuila, se asegura que en esa ciudad se habían documentado la existencia de 156 fosas “de personas cuya trazabilidad de su inhumación no se encuentra plenamente determinada”.

Las fosas clandestinas son el otro problema. La Fiscalía de Personas Desaparecidas informó, a través de una solicitud de transparencia, que en diversos operativos realizados se habían localizado y revisado 87 puntos o centros de inhumación clandestinos, de donde fueron recolectados y asegurados por la Policía Federal y Peritos de la Fiscalía 104 mil 209 restos óseos, pero en ninguno de ellos se ha logrado localizar algún cuerpo completo.

Todas las evidencias encontradas durante los operativos se encuentran en la fase de procesamiento, clasificación y análisis “con el objeto de obtener los perfiles genéticos que serán ingresados en la base de datos con la finalidad de identificar personas en calidad de desaparecidas”. En pocas palabras, sobre estos desaparecidos aún no se sabe nada.

Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de Búsqueda, agrega que estos restos deben ser trasladados por ley al Centro Regional de Identificación Humana, lo cual apenas está iniciando.

Las autoridades estatales aceptan que “los números no checan”, pero es porque se trabaja con lo que se encuentra en el camino, explica Jesús Fernando González Lozano, Subdirector de Unidades de Investigación y Coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones.

“Cuando nosotros iniciamos el plan (eran) como con 400 cuerpos relacionados con las carpetas, pero lógicamente no es eso, cada vez que nosotros encontremos algo que se pueda agregar porque hay alguna sospecha, tiene que ser agregado, tiene que ser investigado, tiene que ser recuperado y tenemos que tratar de identificarlo”.

Creación de organismos sin resultados

En contraste a los resultados que ha logrado el Plan, los recursos que se han aplicado para su funcionamiento han fluido sin problema desde el principio: para concretar las ocho etapas contempladas para el 2018 se asignó una partida extraordinaria de alrededor de 16 millones de pesos de manera independiente del gasto corriente de cada área de la Fiscalía General del Estado, según la publicación “El Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila (GAT): un modelo de interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y sociedad civil”, compendio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, publicado en julio de 2018.

Pero este recurso  no se utilizó al cien por ciento, de acuerdo con los testimonios de las familias, “porque no se hizo todo lo que teníamos planeado, entre ellos el Centro Regional de Identificación Humana”, señala Blanca Martínez.

Desde finales de 2018  se modificaron, reasignaron y crearon nuevas partidas para la conformación de organismos cuyo objetivo sería precisamente clarificar y mejorar los resultados de este plan estatal.

Un ejemplo es la Comisión Estatal de Búsqueda, cuyo decreto de creación se publicó el 21 de septiembre de 2018.En 2019 obtuvo un presupuesto de 10 millones 500 mil pesos, y 2020 subió a 11 millones 584 mil 303 pesos. De todo este monto, el 31% por ciento fue para nómina en 2020. Esto tomando en cuenta que apenas se tiene cubierto el 50 por ciento del organigrama de la comisión.

El Centro Regional de Identificación, otra de las nuevas creaciones,  tiene a 30 personas que se han contratado en este 2021, entre ellas 4 equipos de peritos con 4 personas cada uno.

Las fiscalías especializadas de desaparecidos y ministerial, que se encargan de las investigaciones en la materia, no proporcionaron presupuestos específicos, ya que aseguran  que éstos dependen de las necesidades que se vayan presentando durante el año. Sin embargo, sólo en lo referente a nómina, la primera, que fue creada expresamente para atender este tipo de delitos, ejerce anualmente 15 millones 818 mil 371 pesos y tiene en su estructura un total de 84 personas.

La segunda cuenta con un  presupuesto en nómina de 3 millones 889 mil 296 pesos anuales; esto únicamente para el pago de sueldos -netos sin prestaciones- de 14 personas.

A todo esto se le tienen que sumar un sinfín de áreas que se crearon para contribuir al Plan Estatal anunciado en 2017: la Unidad de Gestión de la Información, con cinco personas; la Dirección General de Servicios Periciales, con un antropólogo, un odontólogo, un médico y un criminalista forense, además de dos coordinaciones, una subdirección y una unidad de identificación de personas; subdirecciones y coordinaciones regionales de servicios periciales y del servicio médico forense; la Dirección General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos que cuenta con cuatro coordinaciones de los centros de atención en las regiones sureste, centro, norte1 y laguna1 y la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata, creada para la búsqueda dentro de las 96 horas de ocurrida la desaparición y que tiene siete coordinaciones regionales en el estado.

Aunque no otorgaron datos presupuestales, se logró conocer el dato del sueldo de 3 titulares de estas dependencias: la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata; la Dirección General de Atención a Víctimas y Ofendidos y la Dirección General de Servicios Periciales, que significan juntos 905 mil 509 pesos anuales, por lo que sumando sólo los datos disponibles, se han aplicado en estructura organizacional y nómina 99 millones 923 mil 530 pesos en 3 años, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.

Inversiones sin frutos

A toda esta creación de organismos, se le tiene que sumar las inversiones que se han hecho en la entidad para mitigar el problema de los desaparecidos. De septiembre de 2019 a abril de 2020, se ejercieron 5 millones 636 mil 956 pesos para la construcción y remodelación de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de Saltillo, Torreón y San Pedro, este último en su primera etapa, según la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila.

De acuerdo con la información que tiene el Centro Fray Juan De Larios, en 2018 también se aplicaron recursos para un Semefo en Piedras Negras y aunque mediante solicitud de información se requirió de proyectos a partir del 2017, éste no fue incluido en la respuesta otorgada.

El Segundo Informe 2019 de Miguel Ángel Riquelme, da cuenta de la Construcción del Laboratorio de Genética Forense, por un monto de 1.2 millones de pesos; y en agosto de 2020 se culminó la construcción del Centro Regional de Identificación Humana, que a través del acuerdo signado por el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tuvo una inversión de 149 millones de pesos, 90 millones de ellos de parte de la federación y el resto estatales, aportados mediante la donación del terreno en que se construyó de 10 mil metros cuadrados y algunos equipos.

En contraste a estas decenas de millones de pesos anuales gastados, el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE) en Coahuila, operado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ha otorgado en los últimos tres años un total de 8 millones y medio de pesos a mil 741 familiares de personas desaparecidas en la entidad. Lo que significa que, en promedio, cada persona ha recibido 4 mil 882 pesos, según lo desprendido de los informes del actual gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, de 2018 a 2020.

Reglamentos de panteones, inexistentes o no actualizados

En Coahuila, en siete municipios se han realizado exhumaciones en fosas comunes, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Exhumaciones y la Fiscalía General del Estado. Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Zaragoza, Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón han sacado a sus muertos para intentar identificarlos, sin embargo, prácticamente ninguno de ellos dispone de las exigencias legales en la materia.

Los municipios de Piedras Negras, Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe no tienen un registro digital de sus inhumaciones incluyendo las fosas comunes, y en el caso de las exhumaciones, a excepción de Ramos Arizpe, que cuenta con una hoja de cálculo, los demás tienen datos únicamente en papel, según la encuesta Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del País (RICPZMP),  del INEGI, Fosas Comunes (Junio 2020).

Incluso, municipios como Acuña y Sabinas, ni siquiera cuentan con un Reglamento Municipal de Panteones, y apenas tienen un Bando de Policía y Buen Gobierno; en el caso de Acuña, el Título Tercero relativo al Servicio de Cementerios, que regula el traslado e inhumación de cadáveres, establece que aquéllos no reclamados dentro del término de las 48 horas siguientes a su fallecimiento, serán inhumados por cuenta y orden del Ayuntamiento, lo que claramente contradice la Ley General.

Sabinas no tiene ninguna especificación reglamentaria en su Bando de Policía, y sólo hace referencia en su artículo 51, de que los panteones forman parte de los servicios municipales.

Desorden antiguo

Las nuevas reglamentaciones no han logrado un reordenamiento de los cementerios, ya que, de acuerdo con Jesús Fernando González Lozano, Subdirector de Unidades de Investigación y Coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones, estos siete panteones no tienen toda la información acerca de los cuerpos.

“No existen registros adecuados del lugar donde fueron inhumadas las personas, es decir encontramos discrepancias entre la ubicación que señala el panteón con el cuerpo que nosotros pretendemos localizar”, asegura el subdirector

El fin del plan es hacer una prospección completa de los panteones para determinar el número de fosas, lo que hasta ahora no han podido lograr “Nosotros tenemos un expediente, y de acuerdo a esa información el cuerpo se encuentra en tal fosa; vamos, aperturamos la fosa y resulta que en lugar de encontrar un cuerpo podemos encontrar dos”, explica González Lozano.

De los diagnósticos hechos hasta ahora, en los panteones 1 y 2 de Torreón, cuyas prospecciones se hicieron con la Universidad de la Laguna; en el primero se encontró que hay un total de 121 fosas con cuerpos, y en el panteón 2, 73 fosas con cuerpos; todos relacionados con investigaciones de la Fiscalía, pero al proceder a la cartografía y la ubicación exacta de cada una de las fosas con coordenadas y conteos de ubicación, se encontró que los cuerpos no identificados no están inhumados por lotes o por filas, sino entre las filas de los cuerpos que han sido inhumados o que han sido llevados por familias.

En el de Piedras Negras la prospección se hizo con la ayuda de las familias; y una constante ha sido encontrar un mayor número de fosas de las que se tienen registradas.

Esta falta de orden en los panteones ha derivado en situaciones que van desde la venta de cuerpos, hasta el cambio de los mismos, dice Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, madre de Silvia Estefani Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en noviembre de 2004, y representante del Grupo Vida Laguna especializado en búsqueda y localización de restos . “En los tiempos difíciles de la delincuencia cuando los de la Fiscalía iban a llevar un cuerpo les caían los malos, y entonces ellos salían corriendo para esconderse y ahí dejaban los cuerpos, aquí se vienen cuestionamientos: ¿cuántos cuerpos se pudieron haber llevado los malos y que los panteoneros no dijeron nada? ¿y quién te dice que a lo mejor no eran los mismos cuerpos, sino que los cambiaron?”.

Lorena Amabilia Vallejo Vázquez, la madre de Cristian Daniel Mundo Vallejo, sufrió en carne propia este desorden al conocer que el cuerpo de su hijo estaba en el Panteón La Paz. “Cuando yo supe que mi hijo estaba allí me dijeron que eran 11 personas, después con el paso del tiempo me decía que eran 17 personas, después me dijeron que eran 20 y tantas personas y ahí mi desesperación cuando ya me dijeron que estaba con 30 y tantas personas”, al final, fueron más de 50 cuerpos los que estaban junto a Daniel  y recuperar sus restos le costó nueve años de dolor extra.

Coordinación sin estructura, áreas sin asignación presupuestal

Dentro de la presente investigación, fue posible encontrar hallazgos a través de los cuales se puede entender mejor la complejidad en el logro de un plan efectivo, como el hecho de que la Coordinación del Plan Estatal de Exhumaciones, que tiene a su cargo la esencia del mismo, no cuenta con una organización establecida; su titular no recibe un sueldo por dicha encomienda, y tampoco recibe presupuesto para su funcionamiento.

Es decir, percibe un sueldo como Subdirector General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado y paralelamente funge “como Coordinador del plan”, según se respondió a una solicitud de información.

Ninguna de las áreas creadas para el plan cuenta con una asignación presupuestal definida ni una partida especial, y todas ellas reciben recursos “según su demanda”, de acuerdo con la Dirección General Administrativa de la Fiscalía General del Estado, por lo que no es posible rendir cuentas.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, respondió que “resultaría imposible poder llevar un control detallado del presupuesto destinado y ejercido a la investigación, búsqueda y localización para realizar diligencias en materia de desapariciones o no localización, ya que las necesidades son cambiantes y no existe un criterio definido que establezca específicamente que dicho presupuesto fue ejercido solo para esos temas”.

Análisis de cuerpos: tiempo indefinido

El gran  reto para cumplir con todo lo que viene en el Plan Estatal es el análisis de los cuerpos para obtener características individualizantes y confrontar, cuando existan, hipótesis de identificación, que implica contactar a los familiares, y aplicar el cuestionario AM -donde se registran todos los datos que pueden llevar a la identificación-,  lo que no siempre se cumple según Blanca Martínez.

De acuerdo al Informe 2020 de la Fiscalía General de Coahuila, se tenían aplicados en la entidad un total de 546 cuestionarios, en lugar de los 1,495 que se pretendían tener para el 2021, es decir, hay un rezago de casi 64 por ciento.

Además, hay familias que le han entregado muestras hasta 5 o 6 instituciones, y entre ellas no se comparte la información. “Puede estar un Ministerio Público sentado al lado del otro y no sabe que la muestra de perfil genético o el protocolo de vida lo tiene tu MP que está al lado”, asegura Blanca.

La falta de coordinación entre instituciones es algo que va más allá de un asunto meramente de recursos económicos. Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, 

comenzó este calvario en 2007, en ese año lograron llegar hasta el entonces fiscal Jesús Torres Charles, que les designó a un Ministerio Público que se iba a hacer cargo, un ex teniente coronel.

“Al inicio el contacto era  muy directo, sin embargo se fueron pasando los días y las llamadas y no había nada, y el tiempo no para; se fueron haciendo meses y luego de ello, años”, narra Diana

Después de vivir un año con sólo aquellas llamadas esporádicas,  decidió ir a la Fiscalía a ver el estado del expediente y se llevó la sorpresa de que el ex teniente que llevaba su caso había fallecido y la carpeta no tenía un gramo de toda la información nueva que se había recabado.

Otro hecho que retrasa todas las diligencias es que al menos en el caso de la Fiscalía de Desaparecidos, el equipo de identificación debe participar además de las exhumaciones en las diligencias diarias, por lo que el retraso es lógico, situación  que ya ocurrió cuando apoyaron la exhumación masiva del 2019.

“Una vez que ellos terminan el análisis y la redacción de sus dictámenes, reinician con el análisis de los cuerpos que están pendientes; una vez terminado este análisis retomamos los trabajos del Plan Estatal de Exhumaciones”, dijo el Coordinador del Plan, Jesús Fernando González.

¿De tal manera que el tiempo puede ser indefinido?, se cuestionó. La respuesta fue afirmativa: “Así es, es indefinido en el sentido de hasta en tanto no terminemos los análisis…”. Actualmente todas las Fiscalías estatales y la General de la República vacían los datos de los expedientes y los cuestionarios de vida; en lo que se llama Base AM, y Base PM, que hace cruce de información. “Esta base nos arrojará coincidencias, pero no quiere decir que esté identificado, tendrá que hacer un análisis si efectivamente dan positivo a la persona”.

De si la Fiscalía de Coahuila está rebasada por el número de cuerpos, el funcionario apunta que es algo que ocurre en todo en el país, “porque no hay el suficiente personal en las materias que se requieren para hacer el trabajo de identificación”. Los peritos actuales en el Área de Identificación Humana fueron capacitados por dos años por la Cruz Roja Internacional, quienes los siguen asesorando, y la identificación hecha este 2021, a partir de un fragmento, fue realizada con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

En 2020, se trabajó para conformar un grupo externo de evaluación del Plan y hacer un nuevo replanteamiento, desde aspectos forenses, administrativos, legislativos, e infraestructura, y se esperaba que, para mayo de ese año, se tuviera conformado al grupo.

En tanto, las familias siguen en la desesperanza; “¿y qué es lo que está pasando? que se está deteriorando la salud de las familias y le están apostando a que vayamos cayendo como moscas y ya no va a haber alguien que les reclame, pero en el inter ellos tienen empleo y ganan lana…”; sentencia Silvia Ortiz.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.