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La inversión española en México sumó 4 mil 26 millones de dólares entre enero y septiembre de 2019, 700 millones más que en 2018

La Cámara Española de Comercio se sumó a la petición de certeza a la inversión que diversos organismos empresariales hicieron al gobierno mexicano.

El presidente de la cámara, Antonio Basagoiti, dijo que la inversión española no podrá crecer más si la administración no genera certidumbre, sobre todo en el sector energético. En conferencia, expuso que los inversionistas buscan llevar su capital a los países que les ofrecen mejores condiciones y hay muchos gobiernos que compiten por atraer más proyectos.

En compañía del embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, Basagoiti comentó: "Para que podamos invertir más, hace falta que haya certeza en quienes invierten en cualquier lugar de la cadena del petróleo y los combustibles, para aumentar la inversión y dar más empleo es bueno que las reglas del juego en el transporte de la energía estén claras".

La inversión española en México sumó 4 mil 26 millones de dólares entre enero y septiembre de 2019, 700 millones más que en 2018, es decir, 20% superior. La mitad de esa cantidad, 2 mil millones, se trata de nuevos proyectos de inversión, lo que muestra el interés en México.

Aclaró que las firmas españolas vienen a México por largo plazo, "pero hoy en día los países compiten por los capitales y las inversiones, y van a donde les dan más confianza y más certeza, por eso nos permitimos decir que es bueno que México ofrezca reglas claras especialmente en el ámbito de la energía".

Si se permitiera más inversión en energía, los productores más rentables deben de ser quienes se mantengan en el mercado, porque ello es producto de la competencia.

Si bien pidieron certeza, descartaron que vayan a irse del país, por lo que Basagoiti añadió: "No nos vamos a llevar las inversiones, lo que queremos es certidumbre especialmente en el sector energético para traer más capital, más inversiones y dar más empleos a mexicanos".

En la conferencia, López-Dóriga Pérez aceptó que la administración mexicana puede imponer la legislación y reglamentación que desee.