La caravana migrante que ha llegado a la frontera sur del país plantea un enorme desafío para México que pone a prueba los principios humanitarios del país, así como la fortaleza de su solidaridad y de su compromiso de respetar y proteger los derechos humanos.

Pone a prueba también un principio de congruencia, pues si el gobierno mexicano no da muestras concretas y eficaces de su voluntad y capacidad de garantizar la dignidad, seguridad e integridad física y psicológica de los migrantes, perderíamos toda autoridad moral al reclamar para los nuestros esta misma garantía en Estados Unidos.

La desesperación de miles de migrantes ha propiciado que hayan incurrido en hechos lamentables en la frontera entre Guatemala y México. Nada ganan entrando por la fuerza, porque su fuerza no está en el asalto masivo, sino en su legítimo derecho a la justicia social y a buscar seguridad, trabajo y calidad de vida. Si con su ansiedad se equivocaron, antes se equivocó el gobierno mexicano al colocar allí a la Policía Federal, que no es un rostro de comprensión ni de recibimiento fraterno.

Seguramente habría sido diferente si se les deja pasar en orden y se hacen las revisiones migratorias respectivas y se da comienzo, en su caso, a los procedimientos de asilo y otras figuras de protección.

Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona al gobierno mexicano para que “pare la arremetida”, al tiempo que aprovecha para hacer campaña, con miras a las elecciones del 6 de noviembre.

Esta es la pinza entre la que se encuentra hoy el país. Cuando tales circunstancias se presentan, lo que debe prevalecer son los principios, más allá de cálculos políticos.

Hay principios que no dejan lugar a dudas respecto de lo que hay que hacer. La cantidad de centroamericanos que llegan en grupo a la frontera hace visible lo que sucede todos los días en la sombra: delincuentes sin escrúpulos abusan de ellos, los asaltan, extorsionan, violan, secuestran y asesinan. Esta tragedia, diaria y profunda, ha sido silenciada durante al menos 15 años.

Grandes esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, de la Iglesia Católica, de activistas y de algunas instituciones han hecho que tanto en México como en la comunidad internacional se conozca la tragedia de los transmigrantes en nuestro país.

Pero ni esa visibilidad motivó a los sucesivos gobiernos a actuar con decisión y compromiso para acabar con estos abusos. Se optó, año tras año, por la indiferencia y la parálisis, y cuando el gobierno de Estados Unidos, en diferentes momentos, aumentó su presión, la decisión fue endurecer la política de contención y expulsión, que en muchos casos se tornó en persecución.

Las caravanas empezaron a surgir para demandar justicia, para buscar a sus familiares desaparecidos en México, para mostrar las mutilaciones por los trenes del país. En los primeros meses de este año se dio la primera para pedir refugio en México y Estados Unidos. La ola había crecido, y sin embargo la apatía fue, de facto, la única política.

Para Trump, que se había mostrado horrorizado en abril frente a la primera caravana, lo que ahora sucede es una oportunidad para exhibir su retórica nacionalista y xenófoba, criminalizar a los migrantes y esparcir el miedo en su país, y con ello promover que su feligresía le refrende su voto en vísperas de las elecciones legislativas.

Pero al margen de los intereses y de la presión del mandatario estadounidense, México tiene, debe tener, una clara línea de actuación: garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, recibir y resolver solicitudes de refugio, crear albergues, dotarles de condiciones dignas de estancia, y salvaguardarlos de cualquier riesgo, especialmente a las miles de mujeres y de niñas, niños y adultos mayores que forman parte de la caravana.

Se trata de un desafío a nuestra sensibilidad y responsabilidad humanitaria, a nuestra condición de seres humanos hermanados por historia y territorio, a nuestra capacidad política y social de responder a retos que ponen en riesgo la integridad y la vida.

No hubo interés de prevenirlo, de evitarlo, de gestionar la migración con inteligencia y solidaridad. Ahora lo que procede es estar a la altura y demostrar que México quiere y puede ser solidario y capaz de proteger, por encima de cualquier consideración, los derechos humanos de los migrantes.