Caso ‘Agronitrogenados’: AMLO se anota el round

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Altos Hornos de México (AHMSA) confirmaron ayer, por vías diferentes, que se ha establecido un acuerdo para “devolver” a las arcas públicas del País los 200 millones de dólares que constituirían el sobreprecio pagado por el Gobierno de México por la planta Agronitrogenados, en 2014.

El mandatario informó temprano, en su conferencia matutina, haber recibido una carta “del empresario principal” (de AHMSA) –a quien no identificó, pero se asume que sería Julio Villarreal– en la cual manifestaba su disposición a realizar tal devolución. Más tarde se conoció que la directiva de AHMSA remitió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) –como parte de las obligaciones de transparencia que tiene con los tenedores de sus acciones– un comunicado en el cual informó que “acordó pagar, en un plazo de cuatro años, la cantidad de 200 millones de dólares” demandados por el Gobierno Federal.

Una y otra parte, sin embargo, dejaron claro que el acuerdo no estaría totalmente concluido y faltarían algunos detalles para darlo como un hecho y ponerlo en práctica. La acerera, en su comunicado a la BMV, precisó que el acuerdo “se está implementando ante las autoridades correspondientes”, mientras que el presidente López Obrador afirmó que aún consultará a la Fiscalía General de la República “si es conveniente llegar a este acuerdo y a esta reparación del daño, si es legal, si está permitido, si lo podemos hacer”.

Las palabras del Presidente parecieran dejar abierta la posibilidad de que el acuerdo no se concrete, aunque también podrían significar que el mandatario quiere darle plena legalidad al trato y que este se encuentre acompañado de la opinión técnica de la Fiscalía. En todo caso, parece una buena noticia que las arcas públicas del País reciban estos recursos que, de acuerdo con lo afirmado por el gobierno de López Obrador, constituyen un perjuicio –cometido en forma dolosa– contra la hacienda pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

 Con independencia de la restitución de los recursos, será importante conocer todas las implicaciones jurídicas que este acuerdo tendría, sobre todo en lo que hace a las responsabilidades penales de los responsables del agravio. ¿Cesarán las acciones legales contra los perpetradores del presunto desfalco una vez que este acuerdo se concrete? ¿La devolución de lo defraudado debe ser considerado suficiente “castigo” para quienes se beneficiaron en su momento con esta operación? Con la información que se conoce, nadie puede restarle mérito al hecho de que, frente a una disputa de esta magnitud, el Gobierno de la República se haya impuesto finalmente y logrado el acuerdo anunciado ayer.

La experiencia, sin embargo, recomienda ser cautos antes de celebrar el hecho como una victoria de la justicia, y esperar a conocer los detalles que suelen esconderse en “la letra chiquita” de los acuerdos de este tipo y que pueden implicar la existencia de islotes de impunidad.