Cuando en una sociedad que pretende ser democrática ocurren hechos como los padecidos en México en los últimos años, a partir de la espiral de violencia generada por el crimen organizado, las heridas que dicho fenómeno genera demandan procesos especiales para cicatrizar y sanar.

En este sentido, el primer paso indispensable es conocer la verdad. Porque la verdad, es decir, la claridad respecto de los hechos materiales ocurridos, así como la forma en la cual ocurrieron y quiénes intervinieron en ellos, es el prerequisito para hacer justicia.

En este punto es necesario tener claro que en historias como estas hacer justicia implica, eventualmente, la modificación de las reglas clásicas del juzgamiento de los casos y el análisis de diversas variables que no se encuentran necesariamente en los episodios de violencia que podrían considerarse “ordinarios”.

En términos de la teoría de los derechos humanos, los casos de los cuales estamos hablando son aquellos que se consideran “difíciles” o “trágicos” y por ello requieren de procesos particulares que atiendan con una visión integral el fenómeno.

Justamente por ello, el proceso de conocer la verdad no se refiere simplemente a la realización de una investigación policial de carácter ordinario, sino a un proceso de reconstrucción histórica que va más allá de simplemente interrogar a quienes posean información directa o indirecta relacionada con lo ocurrido.

Esta circunstancia es la que determina la necesidad de establecer comisiones de la verdad que sean dotadas de atribuciones especiales que permitan a sus miembros indagar en la historia con todas las herramientas necesarias para averiguar, con rigor científico, los hechos.

En este sentido, el posicionamiento que ha realizado el Gobierno de Coahuila, a través de su Secretario de Gobierno, en el sentido de no oponerse al establecimiento de una comisión de la verdad para el caso Allende, constituye un acierto, pero también un reto que es preciso asumir con la mayor responsabilidad legal y política.

Ya en el pasado reciente hemos tenido en México una experiencia, cuando en el sexenio de Vicente Fox se integró una comisión para establecer lo ocurrido durante la época conocida como “guerra sucia”, así como durante los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

La experiencia fue, por decir lo menos, desastrosa, pues no solamente no se llegó a una conclusión satisfactoria respecto de lo ocurrido, sino que fue imposible enderezar procesos penales en contra de quienes históricamente han sido señalados como responsables de los hechos.

La experiencia de este episodio, así como los ejemplos exitosos que a nivel internacional existen respecto de la integración de comisiones de la verdad, tendrían que servir de base sólida para emprender un esfuerzo, a nivel local, que resulte útil al proceso de sanar las heridas dejadas por este oscuro episodio, pero también para hacer justicia.