Como suele ocurrir en estos casos, conforme se van revelando detalles más claro queda que en el denominado “Caso Ficrea” se registró un episodio de encubrimiento -de complicidad para garantizar impunidad, sería tal vez más correcto- entre funcionarios públicos.

Y es que como publicamos en esta edición, todo hace indicar que para permitir que los funcionarios del Poder Judicial de Coahuila que actuaron ilegalmente al depositar recursos en la extinta Ficrea, escaparan de la acción de la justicia, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado se habría prestado para crearles la “coartada perfecta”.

Los hechos hablan por sí solos:

En un primer momento, el expresidente del Poder Judicial, Gregorio Pérez Mata, interpuso ante la PGJE una denuncia por diversos delitos en contra de Ficrea. Al ser un experto en la ley resulta difícil entender cómo es que el entonces magistrado no pensó que su denuncia sería declarada improcedente, pues los delitos de los que acusó a Ficrea son del ámbito federal.

Derivado de lo anterior, la PGJE declaró improcedente la denuncia contra Ficrea y decidió remitir el caso a quien correspondía es decir, a la entonces Procuraduría General de la República.

Sin embargo, ya que se les presentó el caso para su estudio, la Procuraduría “aprovechó” para decir que, de la misma forma en la cual no procedía la denuncia contra Ficrea (en el ámbito estatal), tampoco era de ejercerse acción penal contra el denunciante, es decir, contra Gregorio Pérez Mata y otros funcionarios del Poder Judicial.

No se requiere haber estudiado derecho para entender lo obvio: Pérez Mata no se incriminó a sí mismo en la denuncia que interpuso contra Ficrea, ni pidió que se revisara su propia actuación en el caso -o la de los funcionarios del Poder Judicial- a fin de que se deslindaran responsabilidades.

Los documentos a los que tuvo acceso VANGUARDIA tampoco indican que alguien más hubiera presentado una denuncia contra Pérez Mata, o que el Ministerio Público hubiera iniciado oficiosamente una averiguación en su contra por los hechos citados.

Pese a todo, la extinta PGJE decidió que era “necesario” precisar que el entonces titular del Poder Judicial no tenía responsabilidad alguna en los hechos y para ello debía declararse la improcedencia de cualquier acción penal en su contra.

En toda esta historia, un detalle resulta ineludible: cuando los hechos citados ocurrieron, el titular de la Procuraduría era Homero Ramos Gloria, quien hoy ocupa uno de los asientos del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Pero eso es sólo una coincidencia, alegarán los puristas.

El colofón de la historia es el clásico: como en su momento se decretó el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Mata y compañía, la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, en agosto de 2018, es improcedente. Decidir lo contrario “violaría los derechos de los acusados”.

Para los incrédulos, aquí está la crónica de un crimen perfecto.