Todo hace indicar que detrás del asunto existe la determinación de construir a los funcionarios involucrados un puente hacia la isla de la impunidad

La corrupción, lo hemos sabido siempre, florece sobre todo ahí donde hay opacidad. Y en materia de opacidad, el sector público mexicano ha desarrollado una maestría difícil de igualar.

Debido a lo anterior, cosas que el más elemental sentido común invita a considerar como sencillas y fáciles de explicar derivan en historias que en una primera lectura pueden parecer contradictorias o, cuando menos, confusas para el público.

Eso ocurre justamente con el denominado “caso Ficrea”, en torno al cual se han venido conociendo datos a cuenta gotas, lo cual ha dado pie a reportes periodísticos que inicialmente apuntan en una dirección, posteriormente parecen llevar a la conclusión contraria y luego vuelven al cauce original.

En los últimos días, VANGUARDIA ha informado que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó, en agosto del año pasado, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción en la cual solicita que se ejercite acción penal contra diversos funcionarios del Poder Judicial de Coahuila, entre ellos su expresidente, Gregorio Pérez Mata.

Posteriormente, al revelarse nuevos documentos del caso, se supo que la extinta Procuraduría General de Justicia de Coahuila –primero– y la Fiscalía General –después– “exoneraron” a los implicados en la mala administración de recursos del Poder Judicial, desde 2017.

Hoy, sin embargo, publicamos un reporte según el cual, pese a la “exoneración” señalada, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción (FEDHC) podría enderezar un caso contra Gregorio Pérez Mata, pues aún no decide en definitiva la improcedencia de la denuncia recibida por parte de la ASE.

¿Por qué un caso como éste registra esos “vaivenes” informativos? La respuesta es simple: porque lejos de facilitar que los ciudadanos conozcamos la realidad de los hechos, las autoridades responsables de resolver el entuerto se dedican a “enredar” más el caso.

¿Y por qué asumen tal actitud? La respuesta es igualmente simple: porque todo hace indicar que detrás del asunto existe la determinación de construir a los funcionarios involucrados un puente hacia la isla de la impunidad.

Desde el propio Poder Judicial hasta la Fiscalía Anticorrupción, pasando por el Poder Legislativo, la Fiscalía General y la Auditoría Superior del Estado –quienes debieran colaborar para investigar, perseguir y sancionar la conducta de quienes provocaron la pérdida de decenas de millones de pesos– parecen decididos a confundirnos para que al final no entendamos nada.

Como ha ocurrido históricamente en nuestro País, y como hemos atestiguado sobradamente en la historia reciente de Coahuila, la apuesta es al olvido, a que “se le dé la vuelta a la página”, a que en el río revuelto de la información confusa, aquellos a quienes se les ofreció impunidad finalmente la conquisten.

Pero, como ha demostrado también la historia reciente de la entidad, no existe opacidad ni coalición de servidores públicos que resista la perseverancia de los ciudadanos por conocer la verdad. Porque la carrera, al final de cuentas, no es de velocidad, sino de resistencia.