Todo hace indicar que la Fiscalía Anticorrupción no solamente está lejos de ser una institución proactiva, sino que no tiene interés en perseguir los delitos que se le denuncian

La Fiscalía Anticorrupción fue creada, como todo el Sistema Anticorrupción de Coahuila, a partir de una premisa: para combatir el fenómeno hacía falta contar con un órgano especializado que, por su propia naturaleza, garantizara la persecución eficaz de los casos de abuso en el servicio público.

En estricto sentido eso no era necesario, porque la Fiscalía General de Coahuila –y su antecesora, la Procuraduría de Justicia– eran exactamente eso: órganos especializados en la persecución de las conductas delictivas.

Cuando mucho, lo que hacía falta era la capacitación especializada de algunos agentes del Ministerio Público a quienes se les mejoraran las habilidades para “olfatear” y, en consecuencia, investigar de manera más acuciosa los casos de corrupción que se les presentaran.

Esto último, sin embargo, implicaría contar con una fiscalía “proactiva”, es decir, una “representación social” que no solamente se dedicara a sustanciar las denuncias que recibe, sino también a monitorear permanentemente las actividades donde se sabe es más probable que se registren conductas delictivas y emprendiera investigaciones de oficio.

Lejos de tal posibilidad, todo hace indicar que la Fiscalía Anticorrupción, el órgano que se creó en Coahuila hace ya más de tres años, no solamente está lejos de ser una institución proactiva, sino que no tiene interés en perseguir los delitos que se le denuncian.

O al menos eso es lo que se concluye del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la intención manifestada por la dependencia a cargo de Jesús Flores Mier de “dar carpetazo” al expediente conocido como “el Fricreazo” que implicó la probable comisión de múltiples delitos por parte de diferentes funcionarios del Poder Judicial.

Como se ha informado con amplitud, durante el período en el cual Gregorio Pérez Mata fue titular del Poder Judicial de Coahuila, dicha entidad abrió cuentas en Ficrea, firmando para ello contratos ilegales pues la hoy quebrada financiera no poseía la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para tener como clientes a entidades públicas.

Más aún: los recursos –más de 120 millones de pesos– que el Poder Judicial de Coahuila entregó a Ficrea, en realidad nunca los depositó en dicha institución, sino en las cuentas bancarias que Ficrea tenía en Bancomer.

El Poder Judicial de Coahuila no puede ser considerado una más de las “víctimas” del manejo ilegal de Ficrea por parte de sus directivos, sobre todo porque quienes negociaron y firmaron los contratos, al menos en teoría, eran peritos en derecho y no un conjunto de inocentes ciudadanos a quienes se podía engañar con tecnicismos y argumentos edulcorados.

Todos estos detalles han sido puntualmente documentados por la Auditoría Superior del Estado en la denuncia penal presentada ante la Fiscalía Anticorrupción pero, según parece, el “órgano especializado” no encuentra razón alguna para perseguir a nadie por estos hechos.

Frente a tal realidad resulta obligado preguntarse, ¿para qué queremos un órgano cuya especialidad más bien parece garantizar la impunidad?