‘Caso Iguala’: la verdad bajo fuego

El peor de todos los desenlaces posibles está teniendo lugar en torno al caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace más de un año: los especialistas que pueden ayudar a reconstruir la historia han entrado en conflicto y la ruptura del diálogo parece irremediable.

Las versiones de lo ocurrido luego de que los estudiantes fueran secuestrados, aunque a primera vista parecen contrapuestas, en realidad no distan mucho una de la otra. La controversia fundamental gira en torno a la hipótesis de si los cuerpos pudieron o no ser incinerados en el basurero de Cocula.

No se trata de una diferencia menor, por supuesto, pues a partir de una posición y otra, lo mismo se llega a la conclusión de que los estudiantes están vivos -y, por tanto, la autoridad debe localizarlos y devolverlos a sus familiares-, que se plantea la necesidad de declarar cerradas las indagaciones.

El problema tampoco es menor, pues de un lado se ubica la demanda -justa sin duda- de los familiares de las víctimas, en el sentido de que se haga justicia y, por el otro, el planteamiento -tácito, pero suficientemente claro- de no pocos representantes del Estado en el sentido de que no puede hacerse más.

Una y otra parte, como suele ocurrir en los casos complejos, tienen razón en alguna medida.

Los padres de familia tienen derecho a exigir que, en tanto no se demuestre de forma fehaciente la muerte de sus hijos se les considere con vida; las autoridades tienen derecho a señalar que han actuado hasta el límite de sus posibilidades y no pueden hacer más.

En torno al asunto, una pregunta fundamental tendría que ser respondida: con independencia de la validez en la exigencia de que a una persona se le considere con vida, en tanto no se demuestre lo contrario, ¿existe evidencia suficiente para pensar que los estudiantes secuestrados en Iguala puedan estar vivos aún?

¿Es razonable suponer que, en su condición de estudiantes de una escuela normal, algún grupo delincuencial -con agenda política o no- consideraría la posibilidad de secuestrarles y mantenerles cautivos durante más de un año solamente porque pensaban manifestarse en un acto político o, como apuntan otras hipótesis, secuestraron un autobús que transportaba droga?

Responder a tales interrogantes no es ocioso, sino que se ubica en el centro de una controversia que conviene dilucidar, porque algo puede adelantarse desde ahora: no importa cuántos peritajes se hagan en el basurero de Cocula, parece imposible obtener un resultado concluyente, que todo mundo acepte como válido, respecto de lo que ocurrió en dicho lugar entre los días 26 y 27 de septiembre del año 2014.

E incluso, si llegara a demostrarse, más allá de toda duda razonable, que no existieron las condiciones materiales para incinerar allí los cuerpos, eso no conduce automáticamente a la conclusión de que los estudiantes están vivos, sino solamente a un nuevo callejón sin salida aparente: pese a todos los recursos invertidos, hay que comenzar la búsqueda otra vez desde cero.