El castigo debe ser ejemplar, de tal suerte que, tal como lo ha ofrecido el actual Gobierno de la república, se erradiquen este tipo de conductas

Uno de los más escandalosos casos de corrupción de los cuales hemos dado noticia en los últimos meses, es el relativo al de los “juicios masivos” emprendidos en contra de cientos de miles de derechohabientes del Infonavit, de los cuales se ventilaron 130 mil en Coahuila.

Como se ha informado profusamente, funcionarios judiciales de Coahuila –adscritos a juzgados de Sabinas, Parras de la Fuente y Torreón– “accedieron” a tramitar masivamente miles de casos de presunto incumplimiento en el pago de créditos del Infonavit, pero relativos a viviendas que ni siquiera fueron construidas en el territorio estatal.

El hecho supone un caso de corrupción porque, de acuerdo con los datos revelados por los actuales directivos del Infonavit, los juicios fueron tramitados en Coahuila justamente para que los presuntos deudores no tuvieran oportunidad de defenderse.

Pero los funcionarios judiciales de nuestra entidad no fueron los únicos que participaron en el hecho, pues para que los juicios pudieran iniciarse tuvieron que ser tramitados, a nombre del Infonavit, por una persona legalmente acreditada para ello.

El director General de la institución, Carlos Martínez Velázquez, quien estuvo de visita ayer en Coahuila, señaló que se han detectado al menos 18 despachos de cobranza, contratados originalmente por el Infonavit, cuyos ejecutivos se coludieron con empleados de la propia institución y los funcionarios judiciales coahuilenses para tramitar los juicios masivos.

Al momento, según reveló el funcionario, se han rescindido los contratos en cuatro casos y se continúa investigando en los otros 14 “para proceder y… vincular penalmente a los titulares de estas agencias”.

Claramente es insuficiente la rescisión de un contrato para dejar claro que se trata de una conducta inaceptable. Además de anular el acuerdo entre el Infonavit y el despacho de cobranza –un despacho de abogados que debería vigilar el cumplimiento de la ley– es obligado realizar las investigaciones necesarias para castigar con todo rigor la conducta.

Porque de lo que se trata en estos casos, además de imponer una sanción a quien ha intentado aprovecharse de las circunstancias –en perjuicio de la parte más vulnerable de la ecuación–, es enviar un mensaje en el sentido de que ese tipo de conductas no serán toleradas.

Quienes reciben contratos de instituciones públicas, y quienes trabajan en ellas, deben tener claro que si deciden cruzar el umbral de la legalidad, el Estado utilizará todos sus recursos, todas sus energías y todos los instrumentos jurídicos a su alcance para perseguirles y castigarles.

Y el castigo debe ser ejemplar, de tal suerte que, tal como lo ha ofrecido el actual Gobierno de la república, se erradiquen este tipo de conductas y quede claro que no existe posibilidad alguna de que actos como estos queden impunes en ningún lugar del territorio nacional.