Una de las características de la corrupción en el servicio público es que sólo puede explicársele y concebírsele a partir de la existencia de cadenas de complicidad, pues de otra forma resulta imposible llevar a cabo las acciones necesarias para pervertir las acciones gubernamentales.

En no pocos casos, las cadenas de complicidad llegan a ser muy amplias y se convierten en auténticas redes de intereses que conectan dependencias y órdenes de gobierno creando lo que bien puede llamarse una “estructura alterna” del servicio público.

Un buen ejemplo de esta circunstancia es el caso de los juicios masivos que de manera fraudulenta se llevaron a cabo en Coahuila con el propósito de colocar en estado de remate decenas de miles de viviendas en media docena de estados del País.

Como ha informado VANGUARDIA, el escándalo desatado a partir de la revelación del caso obligó al Poder Judicial de Coahuila a iniciar una serie de tibios procedimientos administrativos en contra de seis jueces y media docena de secretarios de estudio y cuenta, quienes aparecieron como los primeros involucrados en la trama.

Resultaba ingenuo desde el principio pensar que los funcionarios judiciales de Coahuila fueran las únicas personas involucradas en el episodio, y aún más ingenuo creer que el hecho no les habría reportado ingentes beneficios económicos.

Por ello, era lógico suponer que en la trama tendrían que haber participado, al menos, funcionarios del Infonavit y uno o varios despachos de abogados que habrían sido contratados por la dependencia para litigar, a nombre de ésta, los casos ante los juzgados de Coahuila.

El monto global del fraude –que ha sido realizado a nivel nacional– de acuerdo con los cálculos de algunos especialistas involucrados en la investigación, podría alcanzar los 90 mil millones de pesos. Estamos hablando de un gigantesco “negocio” cuya planificación y ejecución ciertamente requirió de una buena cantidad de personas.

La Fiscalía General de Coahuila ha adelantado que ya se realizan investigaciones para identificar a quienes, desde el Infonavit, habrían orquestado este procedimiento.

No debe ser complicado llegar al fondo del asunto. La receta, como en todos los actos de corrupción que se realizan en el mundo, es bastante simple: seguir el rastro de dinero.

Lo que está a prueba en realidad aquí es la determinación de las autoridades federales y estatales de combatir la corrupción en serio.

Identificar y perseguir a los responsables de este episodio es la parte sencilla del asunto. Pero seguramente el desarrollo de las investigaciones “se complicará” –si no se ha complicado ya– en cuanto la ramificación de la red de complicidad comience a llegar a la parte alta de la pirámide del poder.

El propósito fundamental de esta administración, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es desterrar la corrupción. En este caso tiene una buena “prueba de fuego”.