‘Caso Infonavit’, ¿por qué se encuentra estancado?

Una de las cosas en torno a las cuales la ciudadanía es generalmente escéptica es la relativa a la posibilidad de que se haga justicia allí donde surge una disputa que requiere el arbitrio de las instituciones públicas. Y, como en casi cualquier percepción del público en torno a la vida pública, hay buenas razones para que así sea.

¿Por qué? Porque por regla general lo que solemos atestiguar es cómo, aun cuando se ventilen públicamente los detalles de casos que claramente ameritan una investigación y el pronunciamiento de las autoridades para castigar a los responsables, raramente se llega a este desenlace.

Y esto es cierto incluso en aquellos casos que generan gran escándalo entre la comunidad porque constituyen a todas luces graves ejemplos de corrupción y/o complicidad entre autoridades y particulares.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que la investigación sobre los “mega juicios” realizados en Coahuila, y que implicaron la ejecución sumaria de acciones en contra de presuntos deudores del Infonavit, simplemente no avanza.

En VANGUARDIA hemos informado con amplitud sobre el tema: despachos de abogados, contratados por el Infonavit, se coludieron con funcionarios judiciales de Coahuila para procesar aquí decenas de miles de casos relacionados con créditos otorgados en otras entidades del país. ¿El propósito? obtener sentencias que les permitieran subastar las miles de viviendas amparadas con dichos créditos.

Cuando el caso fue descubierto, en octubre de 2018, provocó el escándalo que era de esperarse, mismo que derivó en la suspensión de 19 funcionarios del Poder Judicial de Coahuila. Luego, tras el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y el relevo en el Infonavit, parecía que no habría concesión alguna en contra de los perpetradores.

Los datos se han ventilado con suficiencia: se trató de una operación que implicó miles de millones de pesos en ganancias para quienes terminaron quedándose con las casas. Y no pocos de esos millones habrán ido a parar a manos de quienes, desde el Poder Judicial de Coahuila, estuvieron dispuestos a corromper a la institución.

Pese a todo, y habiendo transcurrido ya dos años, nada parece avanzar en torno al caso. Los funcionarios judiciales siguen suspendidos, pero reciben el 30 por ciento de su salario; el Infonavit no parece tener prisa por empujar las denuncias en contra de sus exfuncionarios desleales y la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, aunque abrió carpetas de investigación en contra de 18 despachos de abogados, no logra llevar el asunto ante un juez.

¿Qué hace falta para que los escándalos de corrupción descubiertos en nuestro país se conviertan en prioridad para quienes tienen la responsabilidad de procurar y administrar justicia? A juzgar por los hechos recientes, la única forma de que ello ocurra es que los casos de corrupción se mezclen con las coyunturas políticas y estas se vuelvan relevantes para el gobernante en turno.