‘Caso Javier Duarte’: ¿se ha hecho justicia?

Tras haber permanecido 17 meses privado de la libertad, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue condenado ayer a nueve años de prisión y a pagar una multa de casi 59 mil pesos. Además, le fueron confiscadas más de 40 propiedades en distintos estados de la República.   La sentencia condenatoria es producto de un proceso abreviado que implicó la admisión de culpabilidad, por parte del exmandatario, en algunos de los cargos que se le imputaban, pero también la “exoneración” por otros delitos por los cuales la Procuraduría General de la República había solicitado el ejercicio de la acción penal en su contra.   En otras palabras, la sentencia que finalmente se le ha impuesto a Duarte es producto de las reglas que rigen el sistema penal y que permiten, al Ministerio Público, llegar a acuerdos con aquellas personas a quienes se les sigue una causa penal, lo cual implica “negociar” entre lo posible y lo deseable.   La pregunta obligada, luego de concluir el proceso penal enderezado en contra del exmandatario veracruzano, es si en este caso se ha hecho justicia, es decir, si el castigo impuesto a Duarte de Ochoa es proporcional a los delitos que se le imputan.   El cuestionamiento tiene, esencialmente, dos respuestas: una de carácter técnico y otra de naturaleza anímica.   En el primero de los casos, dado que se han seguido –al menos en apariencia– las reglas del proceso penal, tendría que decirse que sí, que se ha hecho justicia, pues frente a la posibilidad de que el inculpado terminara saliendo libre –porque la Fiscalía fuera incapaz de probar su culpabilidad en el juicio– se ha conseguido una sentencia condenatoria que pasa, además, por la admisión de culpabilidad del acusado.   Frente a esta respuesta, se encuentra el hecho de que, al menos en el imaginario popular, el exgobernador de Veracruz constituye uno de los casos emblemáticos de la corrupción en nuestro País y la consideración de que el daño causado por sus decisiones resulta mucho mayor al castigo que se le ha impuesto en este caso.   La resolución del caso deja la mesa puesta para la polémica y obliga a cuestionarse si sentencias como las de este caso realmente ayudarán a combatir la corrupción en México, pues si frente al cúmulo de beneficios obtenidos, lo único que resta es pasarse una temporada en prisión, el precio podría parecer escaso.   Cabe preguntarse, sin embargo, si Duarte de Ochoa –o cualquiera de las personas que, en casos como éste, resulten sentenciadas– estarían dispuestos a pasar, ya no nueve años, sino apenas unas cuantas horas tras las rejas y, si frente a la certeza de que ese sería el castigo a sus acciones, tomarían las mismas decisiones que les condujeron a la cárcel.   En este sentido, aun cuando la sentencia impuesta podría parecer insuficiente para no pocos, convendría no despreciarla como disuasor de conductas ilegales pues, al final de cuentas, aun cuando pueda parecernos poco, ciertamente es muy distinto pasar nueve años en prisión que gozar de impunidad.